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PRESTACIONES SOCIALES | El ajuste británico

Un recorte de más de 20.000 millones

El Estado de bienestar británico es uno de los principales paganos de la factura del ajuste fiscal anunciado ayer por el canciller del Exchequer. George Osborne presumió incluso de que los recortes adicionales decididos permitirán limitar al 19% la reducción del gasto corriente en el conjunto de los departamentos ministeriales, por debajo del 20% que patrocinaba en la campaña electoral el Partido Laborista para cumplir su programa de reducir el déficit público estructural a la mitad en cuatro años en lugar de acabar completamente con él en ese periodo, como aboga la coalición de conservadores y liberales-demócratas.

Las medidas anunciadas ayer suponen un recorte adicional de 7.000 millones de libras (8.000 millones de euros) en ayudas sociales, que se une a los 11.000 millones de libras (12.500 millones de euros) de ahorro en medidas que ya se habían anunciado.

Una de las decisiones más polémicas es la de adelantar en cuatro años el retraso de la edad de jubilación de las mujeres, de forma que tanto hombres como mujeres tendrán derecho a cobrar la pensión de jubilación a los 66 años a partir de 2020, y no a los 65 años como hasta ahora. La medida pretende ahorrar 5.700 millones de euros al año. La reforma de las pensiones públicas permitirá ahorrar algo más de 2.000 millones de euros al año para 2015, con un más que probable incremento de las contribuciones de los trabajadores del sector público.

Los recortes en el sistema de ayudas a las familias con hijos, que penaliza a aquellos matrimonios en los que uno de los cónyuges tiene ingresos superiores a 50.000 euros anuales, permitirá un ahorro de 2.850 millones de euros al año.

Osborne anunció también un nuevo sistema de ayudas a la vivienda. Aunque se mantienen las actuales condiciones para quienes tienen ahora un contrato en vigor, a partir de ahora los nuevos contratos significarán que el beneficiario de la ayuda deberá pagar un precio equivalente al 80% del precio de mercado por el alquiler de la vivienda.

No se alteran otros beneficios sociales de amplio arraigo, como el transporte gratuito y las ayudas para costes energéticos que reciben los pensionistas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 21 de octubre de 2010