La oposición pide el cierre del gimnasio que escondía 'pisos patera'
Los partidos de la oposición municipal en Boadilla del Monte, PSM y Alternativa por Boadilla (APB), exigieron ayer la clausura del centro deportivo Republic Space y que la adjudicación municipal sea rescindida por el Ayuntamiento, en manos del PP, tras revelar EL PAÍS la existencia de pisos patera en el inmueble.
En los sótanos del centro se alojaban irregularmente al menos nueve personas en habitaciones de 13 metros cuadrados. Según acreditó la Guardia Civil, los inquilinos dormían en literas en una zona rodeada de olores y ruidos por la proximidad de los desagües del centro y los aparatos de aire acondicionado que dan servicio a las pistas.
El concejal socialista Pablo Nieto exigió la inmediata rescisión de la concesión, así como la imposición de una "severa multa" ante la "gravedad" de la situación. Por su parte, el responsable de APB, Ángel Galindo, calificó los hechos como "vergonzosos" e "inhumanos". Tanto socialistas como independientes explicaron que el centro deportivo se levanta sobre una parcela de titularidad municipal valorada en más de tres millones de euros, con una superficie de 16.000 metros cuadrados. Por esta concesión administrativa el Consistorio recibe un canon anual de 71.946 euros, que, según la oposición, supone un 4% del valor de la parcela.
Desalojados
El Ayuntamiento difundió ayer un comunicado en el que confirmó que la residencia era "ilegal", por lo que nueve personas, la mayoría inmigrantes, fueron desalojados. La dirección del centro lo negó ayer en un comunicado en el que aseguró que ninguna autoridad ha ejercido una acción de desalojo o inspección judicial, ni tampoco la entrega de documento alguno en el que conste acción legal contra la instalación deportiva.
Sí admitió que "el espacio descrito, ligado a actividades deportivas del complejo, ha sido alquilado, desde el 1 de octubre del presente año, a personas de nacionalidad española y otras debidamente documentadas". El centro Republic Space dispone de pistas de pádel, de tenis, gimnasios, campo de fútbol y piscina.
Los inquilinos, que accedían a su vivienda por la puerta de atrás, pagaban 300 euros al mes. La situación se reveló tras un aviso realizado por los funcionarios municipales, que alertaron de una posible irregularidad al detectar que un ciudadano pretendía empadronarse en un centro deportivo de la localidad.
