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martes, 5 de octubre de 2010

Las denuncias por irregularidades en el cobro de ayudas en Bilbao superan ya las de todo 2009

El número de investigaciones abiertas por el cobro fraudulento de ayudas sociales en Bilbao durante el primer semestre de este año (1.245) supera ya las de todo 2009, cuando ascendieron a 942. En su mayor parte, las irregularidades están relacionadas con la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). Como resultado de estas pesquisas, y tras resolver 669 casos, se le ha retirado ya esta prestación a 249 personas al apreciarse anomalías. En total, el área de Acción Social del Ayuntamiento de la capital vizcaína calcula que el cobro indebido de estas ayudas suma 175.000 euros al mes.

En la actualidad, unos 29.474 bilbaínos cobran la renta de garantía, lo que supone un gasto de 8,5 millones de euros mensuales, según cálculos municipales.

El fraude en el pago de la Renta de Garantía suma 175.000 euros al mes

Con esos datos en la mano, el concejal responsable del área, Ricardo Barkala, quien creó hace dos años una inspección para perseguir los fraudes de este tipo, quiso recalcar que "la mayoría de las ayudas están bien concedidas". Aún así, Barkala pidió al Gobierno vasco que endurezca el régimen sancionador en la revisión de la ley para dejar "menos huecos" al fraude.

La crisis y la propia consolidación del servicio municipal, que próximamente se verá reforzado con la incorporación de dos policías municipales más, explican el aumento del fraude descubierto. El consistorio ha constatado además un aumento de las denuncias procedentes de vecinos y familiares de los defraudadores. Así, las demandas de origen externo al ámbito público duplican ya (243) a las registradas en todo el año pasado (128).

El motivo más recurrente de las denuncias tratadas en el negociado es no vivir en el domicilio donde la persona figura empadronada para ocultar ingresos. El Ayuntamiento ha revisado los expedientes de 1.576 receptores de dicha renta para comprobar los casos de empadronados que realmente no viven en Bilbao. Tras estas investigaciones se ha dado de baja del padrón a 483 personas.

El perfil de los defraudadores es muy diverso. Barkala puso como ejemplo el caso de una mujer perceptora de la RGI que no declaró a los servicios sociales que trabajaba en una residencia de la tercera edad y convivía con un funcionario del Ejecutivo autónomo, con quien tiene tres hijas.

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