Chile retiene los bienes a la empresa de la mina San José
La justicia quiere garantizar que los dueños del yacimiento sean quienes costeen el rescate de los 33 mineros atrapados
Un juzgado civil de Santiago ha prohibido a la Compañía Minera San Esteban, propietaria de la mina San José, donde permanecen atrapados 33 trabajadores a 700 metros de profundidad desde el 5 de agosto, celebrar cualquier tipo de acto y contrato relacionado con su patrimonio -tres bienes raíces, 62 explotaciones mineras y 32 vehículos- para asegurar el pago al Estado de los costes del rescate. La empresa advirtió que esta medida impedirá pagar a los trabajadores.
Con esta decisión, la jueza Rommy Müller acogió una petición previa del Consejo de Defensa del Estado (CDE), una institución encargada del cuidado de las propiedades e intereses estatales, que pidió la retención de los bienes de la empresa San Esteban como una "medida precautoria" para garantizar que pague el coste total del rescate de los mineros. Además, la jueza amplió en 30 días el plazo para el CDE presente una demanda contra la empresa.
El Gobierno calcula que la operación de salvamento costará 7,1 millones de euros
El Gobierno, que por ahora financia los gastos del rescate, ha estimado que el monto ascenderá a unos 7,1 millones de euros. Hasta hace 10 días ya se había gastado alrededor del 40%.
Un abogado de la minera San Esteban, Jorge Aguilar, deploró la resolución porque al quedarse sin poder hacer uso de sus bienes "la empresa no tiene ninguna posibilidad de recuperar los fondos que hayan sido retenidos para pagar a los trabajadores". Los primeros afectados serían los trabajadores de esta empresa que no quedaron atrapados por el derrumbe. La retención de los bienes no implica que la compañía pierda su propiedad o que sean embargados, sino solo que no puede venderlos, enajenarlos o entregarlos en garantía, explicó una fuente judicial.
Además de la batalla judicial con el Estado por los costes del rescate, la compañía San Esteban está embarcada en otros dos procesos judiciales. El primero es una querella criminal de los familiares de los trabajadores atrapados, presentada contra los dueños de la mina San José, por la falta de medidas de seguridad y su responsabilidad en el derrumbe. La acción judicial apunta también contra las autoridades del estatal Servicio Nacional de Geología y Minería, encargado de fiscalizar a las compañías mineras, y que autorizó el funcionamiento de este yacimiento sin que se hubiesen cumplido sus propias exigencias después de otro accidente en el mismo lugar.
Fue uno de los propietarios de San Esteban, Alejandro Bohn, quien inició el tercer proceso, al pedir la quiebra porque la empresa "no puede afrontar sus compromisos más inmediatos", dado que sus faenas están paralizadas. La junta de acreedores de la empresa designó a un "experto facilitador" para que en 30 días elabore un convenio judicial preventivo, que consiste en una suerte de reprogramación de los pagos adeudados a los acreedores de la compañía.
