En apoyo del ministro
Una visión elemental de los asuntos públicos considera que el aumento del poder de los políticos es consecuencia necesaria de una conciencia solidaria, mientras que la defensa de la iniciativa privada representa los angostos y egoístas intereses de los privilegiados. El mundo de los contratos, el mundo de los intercambios libres, se pinta como un teatro feroz donde unos ganan y otros pierden, donde el engaño, la mentira y el egoísmo campan por sus respetos. Esa concepción sólo es posible desde la consideración de que las personas son irremediablemente estúpidas, pero nadie lo dice así, al menos en voz alta: no resultaría simpático. Lo cierto es que la posibilidad de que las personas puedan relacionarse en libertad, y siempre bajo la tutela (puestos ya a soñar) de unos jueces que corrijan los incumplimientos, comporta una concepción tan optimista de la naturaleza humana como la misma idea de democracia.
Allá donde se prohíben los acuerdos libres impera el Estado. En la ampliación del poder estatal anida la idea de que la gente es esencialmente incapaz de guiar sus propios intereses, pero también una versión tardía de la lucha de clases: se afirma que prefieren las relaciones libres los poderosos y egoístas, y que defienden la tutela estatal solidarios, filántropos, humanitarios y paladines de los pobres. La realidad, más allá del discurso oficial, no es tan exacta, porque al Estado lo pervierte una característica especial: permite que un ejército de grupos de presión se apropie del dinero ajeno.
Recientemente, Jaime Lamo de Espinosa, presidente de la Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCI), realizó una declaración de apoyo al proyecto del ministro José Blanco de aumentar los impuestos. Los constructores se muestran quejosos ante la situación de su sector, porque ven cómo el mercado se agosta y buscan en la obra pública una tabla de salvación. El apoyo a una subida de impuestos supone, para ellos, obtener a través de la obra pública el dinero que ya no obtienen en el mercado de la vivienda; es decir, conseguir lo mismo de los mismos, pero, ya que éstos no lo ceden voluntariamente, arrancárselo mediante la acción coactiva del Estado. Lamo de Espinosa se permitió además, en pésimo castellano, una entusiasta adhesión: "Nuestra postura está con el ministro".
Esto tiene la divertida consecuencia de que los constructores, con declaraciones de esta calaña, aparecen como dignos participantes en el empeño colectivo de la recuperación presupuestaria, mientras que los ciudadanos que se resistan a la confiscación de sus maltrechas rentas son los verdaderos reaccionarios. Es otra de las paradojas de la socialdemocracia: todo interés egoísta puede disfrazarse de interés general. Y sólo el intento de disponer en libertad de lo ganado honradamente se considera una pretensión mezquina, insolidaria e inmoral.
