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El cierre de otra metalúrgica ahonda en la crisis de las auxiliares eólicas

Sólo las multinacionales resisten el parón del sector gracias a las exportaciones

En febrero prorrogó por seis meses el expediente de regulación de empleo (ERE) que mantenía sobre 57 trabajadores, pero, a la vista de la falta de encargos en la industria de componentes del sector eólico, Metalúrgica del Atlántico ha optado por echar el cierre a principios de septiembre. Lo anuncia el alcalde de Mugardos, Xosé Fernández Barcia, quien todavía recuerda los años en que la empresa "llegó a tener 130 empleados con una producción de 20 tramos [de aerogenerador] por semana". Los 13 millones de euros que tuvo que invertir para ello entre 2007 y 2008 pesan ahora como un lastre financiero.

Metalúrgica del Atlántico es el último afectado por una crisis que las empresas dedicadas a la fabricación de palas, torres y rotores de aerogenerador sufre desde hace cuatro años. Primero padeció la suspensión del concurso eólico convocado por el bipartito y ahora, más de un año después de la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la Xunta, teme que el reparto de 2.325 nuevos megavatios (MW) se prolongue en el tiempo. Desde 2009 el retraso ha afectado a 830 trabajadores de la metalurgia, según cálculos de UGT, que se han visto sometidos a ERE, despidos y recortes de jornada.

Sólo resisten las grandes multinacionales, como Vestas, de origen danés, o Emesa, filial de la constructora Isolux Corsán, que en Galicia tiene también una factoría de paneles solares.

Francisco Javier Fornos, secretario del comité de empresa de la planta de Gamesa en Somozas, explica que la clave de la supervivencia pasa por la exportación. "Hasta final de año tenemos carga de trabajo asegurada, pero está enfocada hacia fuera de España, sobre todo a Italia, Grecia, Polonia y Turquía". Su atención se fija además en "los nuevos mercados que se están abriendo en China, India y Sudamérica". Fue ese volumen de encargos el que permitió a Gamesa recolocar a 41 de los 54 empleados de su planta de Sigüeiro que pretendía someter a un ERE. Trece de ellos no pudieron esquivar la regulación.

No todos pueden redirigir su negocio hacia los mercados emergentes. Otros siete talleres de menor tamaño, como Aceriusa, Mecanizados Acebrón o Talleres Acesán, han tenido que recurir desde 2009 a medidas reguladoras, que en el último caso mantiene a 10 de sus 23 trabajadores sujetos a un ERE hasta el próximo 18 de diciembre. El horizonte de incertidumbre que supone para ellos los retrasos del reparto eólico lleva al responsable del CIG, Alfredo Bocija, a denunciar la "situación delicada" del sector y a Suso Pérez, secretario general del Metal de UGT en Ferrol, a apuntar que "o la Xunta agiliza la adjudicación de contratos o va a tener que enfrentarse a muchos problemas".

Los alcaldes de Murgados, Xosé Fernández Barcia, y de As Pontes, Valentín González Formoso, las dos villas más afectadas, ya mostraron su preocupación por la situación del sector. "A la Xunta le apremia acelerar el concurso", insiste Barcia, quien reconoce que para Metalúrgica del Atlántico el nuevo reparto "ya llega tarde". Ambos alcaldes reclaman que la Xunta priorice en la concesión de megavarios aquellos planes industriales que ofrezcan una mayor carga a las empresas auxiliares existentes. Desde 2009, As Pontes ha visto cómo seis de sus industria metalúrgicas conovocan medidas reguladoras sobre un total de 185 trabajadores.

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El cierre de las metalúrgicas preocupa a los municipios hasta tal punto que el Ayuntamiento de Viveiro, sede de una planta de Vestas, aprobó un convenio para reforzar la situación de la empresa. El objetivo, según fuentes municipales, era consolidar la plantilla y crear 50 nuevos puestos de empleo. De poco sirvió. Según los datos de UGT, la empresa convocó en enero un ERE para 64 de sus 137 trabajadores.

Perjuicios en el rural

Sufren el retraso de la concesión de los 2.325 MW con la misma virulencia que la industria de componentes, pero su crisis no deriva en grandes ERE o despidos masivos. En Galicia existen, según cálculos de la asociación Ventonoso, 23.777 propietarios de terrenos rurales en los que se levantan molinos eólicos. A ellos la demora del concurso les afecta doblemente: dejan de percibir la ganancia derivada de los nuevos megavatios y, según su presidente, José Antonio Diéguez, han perdido el 30% de las ganancias por la supresión de las primas eólicas.

"Padecemos una paralización total de cuatro años. Dos por el concurso del bipartito, anulado por la actual Xunta, y otros dos que serán lo que tarde este concurso", se lamenta Diéguez. El presidente de los propietarios cifra además en 20.000 las personas que están dejando de percibir beneficios por la "parálisis" del concurso. El número total de afectados ascendería así a cerca de 43.700.

El retraso no es la única queja del colectivo. Ventonoso está molesta con el decreto que permite repotenciar 44 parques eólicos en Galicia y al que calificó como una "bofetada" para el rural. Con él el número de propietarios se reduciría de los 23.777 actuales a sólo 6.000, según datos de la asociación.

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