Montilla acusa a la defensora del pueblo de actuar al dictado del PP

La tranquilidad le ha durado 15 días. El presidente de la Generalitat, José Montilla, reapareció ayer tras dos semanas de vacaciones con otro tema espinoso sobre la mesa. Aún recientes las heridas abiertas por el fallo del Estatuto, la defensora del pueblo en funciones, Luisa Cava, ha recurrido ante el Tribunal Constitucional (TC) la Ley de Acogida de Inmigrantes que da prioridad al catalán frente al castellano como lengua preferente para la integración. Cava defiende su recurso "por coherencia" con la sentencia del TC, que estableció que el catalán no puede ser idioma "preferente" en la Administración. Montilla tiene otra visión y la acusó de actuar bajo el dictado del Partido Popular, en el que milita.

"Que compitan entre ellos. No nos apuntamos a los referendos"

"Es un recurso que no tiene sentido. Cava es una antigua diputada del Partido Popular, está en funciones y debería haberse abstenido", defendió Montilla, en una accidentada comparecencia bajo un fuerte aguacero en las fiestas del barrio de Gràcia, en Barcelona. Montilla no dejó lugar a dudas y afirmó que el recurso tiene una intención "absolutamente partidista, en la línea que ha defendido el PP, que es ir contra todo lo que significa desarrollar el Estatuto". Y lanzó un mensaje claro: la ley es vigente y su obligación es aplicarla.

Todos los partidos catalanes, salvo el PP, Ciutadans y el diputado José Domingo, han deplorado el recurso de Cava, que sustituye de forma provisional desde el 1 de julio a Enrique Múgica, uno de los primeros en recurrir el Estatuto. Catalana de nacimiento, Cava, que ha sido adjunta del antiguo defensor, consideró una "perversión" que alguien asocie su militancia con el recurso. Y recordó que Múgica, de otro color político, compartía su misma opinión. "Lo hago por coherencia con el TC. Los inmigrantes se integran perfectamente en castellano. No veo necesario que hablen catalán", añadió Cava, desatando una ola de indignación en partidos, sindicatos y entidades de defensa del catalán.La Ley de Acogida de Inmigrantes fue aprobada el pasado mes de abril y Domingo ya anunció que acudiría al Defensor del Pueblo al denunciar que resultaba discriminatorio para los extranjeros obligarles primero a estudiar catalán como requisito para renovar el certificado de arraigo cuando otros, por ejemplo los hispanoamericanos, lo obtienen en otras comunidades sin necesidad de aprender otro idioma. Frente a esta tesis, el tripartito y CiU defienden la postura contraria: consideran que el estudio del catalán es esencial para la integración. La consejera de Acción Social, Carme Capdevila, sostiene que si un inmigrante aprende primero catalán, acaba sabiendo castellano, cosa que no siempre ocurre si el orden se invierte. "Me gustaría que me demostraran eso científicamente", replicó Domingo, que también recurrirá el código de consumo contra las multas por no rotular en catalán. Rafael Blasco, consejero de Solidaridad y Ciudadanía de Valencia, afirmó que su comunidad es un ejemplo en materia de inmigración, pues en ella "el aprendizaje del valenciano es voluntario".

Partidos, sindicatos como CC OO y UGT y entidades en defensa de la lengua criticaron la decisión de Cava. Pero con las elecciones a la vuelta de la esquina, Montilla dio una imagen templada rechazando la insumisión jurídica que defiende su consejero Josep Huguet, de ERC -"No sé qué quiere decir"-, y negando que la sentencia pueda abrir la puerta a una avalancha de recursos contra las leyes aprobadas por el Parlament. "Los recursos están reglados", aseveró de forma enérgica. "No los puede presentar cualquiera y cuando quiera".

Y, de paso, se desmarcó de todos los movimientos, tanto de sus socios de Gobierno (ERC e ICV-EUiA) como de CiU, respecto a las relaciones con el resto de España. Esquerra quiere un referéndum independentista antes de 2014; CiU la otea en ocho años e Iniciativa propuso ayer una consulta con tres opciones: Estado autonómico, independencia o federalismo (por la que optarían los ecosocialistas). Montilla negó que se esté quedando solo en la defensa de la vía estatutaria: "Que compitan entre ellos haciendo referendos. Yo me siento muy acompañado. Hay mucha gente que votó por el Estatuto. Las aventuras y atajos no llevan a ninguna parte".

Montilla no deshojó la margarita y no dio pistas sobre cuándo tiene previsto convocar elecciones. Todas las quinielas apuntan a que anunciará la fecha el día 31, cuando el Gobierno celebre su primera sesión después del verano. La Comisión permanente del Parlament se reunirá la víspera para convalidar dos decretos ley: uno de racionalización y simplificación de la estructura del sector público y otro de modificación de la ley de cajas de ahorro.