La Junta prevé ganar 75 millones por las fincas
La Consejería de Agricultura avalará las hipotecas e impedirá la enajenación de las tierras durante 25 años
El Gobierno andaluz pretende ingresar unos 75 millones de euros por la venta de 19.851 hectáreas que forman parte del patrimonio del Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA). Lo hará a partir del próximo 31 de diciembre, que será cuando entre en vigor el decreto ley aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 27 de julio y que, en la práctica, pondrá punto final de manera oficial a la reforma que alumbró el Gobierno andaluz de Rafael Escuredo en 1984.
La consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, niega ningún afán recaudatorio en este decreto, que busca más bien cumplir con el mandato del nuevo Estatuto andaluz que desarrolló el Parlamento a través de una proposición no de ley presentada en junio de 2007 por el PSOE, y que fue apoyada por PP y PA, para dar por concluida la política de asentamiento en las tierras públicas.
Casi la mitad de las tierras están gestionadas por cooperativas
La Administración ingresa tres millones al año por el arrendamiento
"La entrada en la UE nos hizo cambiar", afirma Leocadio Marín
"Siguen campando a sus anchas los terratenientes", dice Cañamero
Casi la mitad de las hectáreas que saldrán a la venta corresponden a más de un millar de colonos y cooperativas que fueron adjudicatarios de las explotaciones agrarias tras su expropiación o compra por parte del IARA, que ha venido ingresando unos tres millones de euros anuales por el canon derivado de esos asentamientos. Todos los que estén interesados en adquirir estas fincas tendrán un año para presentar las solicitudes de compra y, si la resolución, con un plazo de seis meses, es favorable, dispondrán de tres años como máximo para abonar el precio de la adjudicación. En el caso de que se realice una liquidación anticipada, el traspaso será inmediato.
"Es una oportunidad única para hacer realidad el lema que inspiró la reforma agraria, de que la tierra sea para quien la trabaje", comenta Aguilera, que destaca las condiciones ventajosas que tendrán los actuales concesionarios para optar a la propiedad.
Así, al valor de enajenación de estas tierras se le aplicará una reducción de hasta un 65% en función de criterios de antigüedad, la generación de empleo cuantificada, así como al esfuerzo inversor efectuado por los colonos. La normativa prohíbe la venta, división o segregación de los terrenos durante un plazo de 25 años, una medida introducida para evitar la especulación.
Para facilitar los traspasos, la Junta avalará las hipotecas sobre las fincas enajenadas a favor del IARA o de la Hacienda pública, y otorgará la escritura a las personas herederas en caso de fallecimiento del concesionario. Cuando se trate de explotaciones agrarias comunitarias, la Administración podrá segregar las tierras para que se escrituren a título individual para cada uno de sus miembros. En el caso de bienes que no sean solicitados por los adjudicatarios, la consejería, para proceder a la recuperación de la concesión, les indemnizará por las mejoras que hayan realizado en estos terrenos, siempre que hayan contado con autorización administrativa, y procederá al desalojo de las fincas.
Por otra parte, la Junta va a poner en venta todas las tierras, bienes y derechos del IARA que no han sido ocupados por terceras personas, concretamente 13 fincas con 5.320 hectáreas de suelo rústico y 240.000 metros cuadrados de suelo urbano. Para ello se contempla su cesión a entidades públicas para fines de interés general o a entidades públicas y privadas para fines tanto agrarios como de otros usos compatibles que permitan la modernización y mejora del medio rural. "No habrá excusas para quedarse con las tierras, pero los que no quieran tendrán que ser desalojados", advierte la consejera de Agricultura.
Con este decreto, Agricultura pretende también adquirir las tierras que ahora están infrautilizadas y acabar con las situaciones de picaresca que se dan en la actualidad. Aunque no es la regla general, son muchos los colonos que no han pagado el canon establecido cuando recibieron las tierras para su explotación. "Si unos pagan y otros no se produce una situación de injusticia que debemos corregir", subraya Aguilera. A partir de la publicación de este decreto ley quedará derogada parcialmente la Ley de Reforma Agraria de 1984 y supondrá la extinción del IARA.
Aluvión de recursos contra la reforma
La Ley de Reforma Agraria fue aprobada por el primer Gobierno autonómico el 3 de julio de 1984, pero el anuncio lo hizo dos meses antes el presidente andaluz Rafael Escuredo en Ronda (Málaga). Fue una declaración llena de simbolismo, pues era el mismo lugar en el que 70 años antes Blas Infante ya habló de la reforma agraria en el Congreso Georgista. Aunque en el imaginario popular todavía pervivía la idea de la reforma agraria de la República, la primera intención de Escuredo no fue otra que encauzar el polvorín del campo andaluz, sin duda el mayor factor de desestabilización social y política en Andalucía.
Escuredo encomendó semejante reto al consejero Miguel Manaute, fallecido en enero pasado, aunque el padre intelectual de la reforma fue José María Sumpsi, un ingeniero catalán que fue el primer director del Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA). Sumpsi, que ahora ocupa un cargo en la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en Roma, dejó bien claro desde el principio que los criterios que inspirarían la reforma serían productivistas, mientras que el ataque a la gran propiedad quedaría en un segundo plano.
La Ley 8/1984 de Reforma Agraria quería dar respuesta a la transformación, modernización y desarrollo de las estructuras agrarias y la corrección de los desequilibrios territoriales. Se justificaba porque "la ausencia de un desarrollo agrario basado en la explotación eficiente de los recursos productivos y, en definitiva, los obstáculos al desarrollo de la economía han estado ligados en Andalucía a la estructura de la propiedad de la tierra".
De este modo, las causas que inspiraron la reforma fueron el aumento de los latifundios en Andalucía y el descenso de la renta agraria.
Sirva como ejemplo que, mientras que en 1955 la aportación de la agricultura al PIB andaluz era del 29,4%, en 1981 se redujo al 10,9%. Algo similar ocurría con el empleo, pues el sector agrario ocupaba en 1955 al 56,7% de la población activa total, mientras que en 1983 era sólo el 20,4%.
La ley contemplaba varios tipos de instrumentos para acometer la reforma, desde la expropiación de fincas a los Decretos de Actuación Comarcal, en los que se establecería un rendimiento óptimo comarcal para gravar las fincas infrautilizadas con un impuesto progresivo.
La intención era expropiar las fincas que estuvieran por debajo del 25% del rendimiento óptimo, mientras que a las de rendimiento medio se les aplicaría la Ley de Fincas Manifiestamente Mejorables.
El catedrático de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla Manuel González de Molina, especializado en la historia agraria, señala en Historia de Andalucía Contemporánea que hubo dos problemas que explican la escasa operatividad de la reforma agraria: "Uno parte de la escasa voluntad política del Gobierno central, que obligó al Gobierno regional a plantear el proyecto sin modificar la legislación estatal sobre la propiedad, que se reveló problemática para los objetivos de la reforma e hizo que su realización desembocara en un verdadero calvario jurídico". Tanto es así que se interpusieron 6.000 recursos. "El segundo de los problemas", añade González de Molina, "arrancaba de las dificultades y ambigüedades derivadas del empeño de evaluar la gestión de las fincas en relación con el rendimiento óptimo comarcal establecido por la Administración".
Pero los planteamientos productivistas de la reforma se mostraron rápidamente en franca contradicción con la política agraria de la Unión Europea, orientada a primar la reducción de cultivos y la extensión agraria, a la que España debía atenerse desde su adhesión en 1985. Y así fue como languideció la reforma, paralizada en gran parte a partir de 1991 por el nuevo consejero de Agricultura, Leocadio Marín. "Al llegar a la consejería propuse una reflexión sobre la reforma, porque la integración en Europa nos hizo cambiar el punto de mira", rememora ahora Marín, actual alcalde de Baeza (Jaén).
En su opinión, los redactores de la norma "cayeron en el absurdo en el tema de la propiedad de la tierra, que ya había perdido significado". Las expropiaciones a precios superiores a los de mercado o los agravios entre las distintas comarcas de reforma agraria fueron otros de los "efectos perversos" que Marín criticó en su día. En el lado positivo, se queda con las infraestructuras agrarias que se generaron y, sobre todo, con la movilización que se produjo en el sector agrario.
Frenadas las expropiaciones, la reforma apenas se ha utilizado en los últimos años para la transformación de regadíos, y poco más. ¿Y cómo ha cambiado el campo andaluz en este tiempo? "Nada tiene que ver la Andalucía agraria de los años ochenta con la actual, su modernización ha sido incuestionable", dice, convencida, la consejera de Agricultura, Clara Aguilera, para quien el principal efecto del texto del año 1984 fue el cambio de mentalidad entre los agricultores. "Fue una auténtica revolución y todo un hito en la historia de Andalucía".
Pero el sector agrario andaluz no ha dejado atrás aún algunas de sus muchas sombras. Por ejemplo, el desigual reparto de las ayudas agrarias, puesto que apenas el 1% de los perceptores se lleva más del 20% de las subvenciones. "Aquí siguen campando a sus anchas los grandes terratenientes", asegura Diego Cañamero, líder del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), que valora, no obstante, que la reforma acabara con los monocultivos y diversificara el sector agrario con cultivos más sociales. Según él, la creación del subsidio agrario en 1984, el mismo año en el que se aprobó la reforma, fue una estrategia del Gobierno para desmantelar el movimiento agrario y la lucha por la tierra.
