La Xunta precinta el tanatorio ilegal de Pontevedra
Las tres funerarias pontevedresas que edificaron en 1993 el tanatorio de Montecelo, declarado ilegal por el Tribunal Superior de Xustiza, fracasaron ayer en su intento de convencer a los responsables de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) de que detuviesen el derribo, fijado para el próximo jueves. Funcionarios del organismo público precintaron ayer el centro, que ya no funciona.
Central Funeraria, Alianza y Barros y Pompas Fúnebres anuncian ahora reclamaciones por daños y perjuicios. "La Xunta asume que posiblemente la única consecuencia del proceso será la indemnización a la que se tendrá que enfrentar, y se muestra dispuesta a llegar hasta el final en el derribo con independencia del absurdo de su ejecución", aseguraron las empresas en un comunicado.
Las funerarias tienen un buen argumento para reclamar una indemnización por daños y perjuicios: la construcción del tanatorio se inició tras el visto bueno de la Consellería de Política Territorial. Aseguran, además, que, conforme a los últimos cambios en la ley gallega de ordenación urbanística, ya no existe impedimento alguno para construir otro tanatorio en el mismo lugar donde se tirará el actual. La sentencia del TSXG concluyó que la construcción original -en suelo rústico- no estaba suficientemente justificada.
"La Administración autonómica se encontrará con la exigencia de una indemnización millonaria como responsable única de que se llegue a tirar un tanatorio con licencia", avisan las empresas. Las obras de demolición costarán en torno a 200.000 euros, que la Xunta cobrará a las funerarias.
