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jueves, 29 de julio de 2010

Japón pone fin a la moratoria en la pena capital al ahorcar a dos presos

La ministra de Justicia asiste al ajusticiamiento para abrir un debate nacional

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Japón ahorcó ayer a dos de los 109 presos que tenía en el corredor de la muerte y rompió la moratoria oficiosa existente sobre la pena capital desde que el Partido Demócrata de Japón (PDJ) llegó al poder, en septiembre de 2009.

La ministra de Justicia, Keiko Chiba, asistió al ajusticiamiento en el Centro de Detención de Tokio, una de las siete cárceles japonesas donde puede aplicarse el máximo castigo. Los presos ahorcados han sido Kazuo Shinozawa, de 59 años, condenado por la muerte de seis mujeres en el incendio de una joyería en 2000, y Hidenori Ogata, de 33 años, sentenciado por matar a un hombre y una mujer en 2003.

En una conferencia de prensa posterior, la ministra, una abogada progresista que hasta que asumió el cargo perteneció a la Liga Parlamentaria contra la Pena de Muerte, declaró que con su presencia pretendía abrir un gran debate nacional sobre la pena capital. "Me ha hecho pensar de nuevo profundamente sobre lo que significa la pena de muerte y de nuevo siento con toda firmeza que es necesario una discusión fundamental sobre la pena capital", dijo Chiba tras asegurar que sintió que estaba obligada, como ministra de Justicia, a asistir a la ejecución. "Es mi deber revisar el proceso, al ser yo la persona que lo ordena", añadió. En la actualidad, el 80% de la sociedad japonesa apoya la pena de muerte para los convictos de asesinato.

Otros 107 reclusos continúan en el 'corredor de la muerte'

Es la primera vez que un titular de Justicia de Japón asiste a un ahorcamiento, que es la forma de aplicar la pena capital en ese país. Chiba, que hasta ahora no había firmado ninguna sentencia de muerte, ha pedido siempre prudencia a la hora de aplicar el máximo castigo.

Las ejecuciones se realizan sin familiares, ni testigos, con la ayuda de verdugos y con una notificación previa al reo inferior a 24 horas. A las familias solo se les informa una vez cumplida la sentencia. Las organizaciones de derechos humanos, que confiaban en que el PDJ emitiera una moratoria oficial sobre la aplicación de este castigo, recibieron con estupor la noticia. Ayer hizo un año de los últimos tres ahorcamientos.

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