El Estatuto ya tiene sentencia
El Tribunal Constitucional alumbró al fin, a media tarde de ayer, su sentencia sobre el Estatuto de Cataluña. Un fallo seguramente histórico, por su simbología política, y también el más polémico y complicado en la vida del alto tribunal. El Constitucional logró el acuerdo justo a un mes de cumplirse los cuatro años desde que el 31 de julio de 2006 el Partido Popular impugnase 114 artículos del Estatuto de Cataluña.
El concepto de nación y el uso del catalán en la Administración pública, dos símbolos identitarios de Cataluña recogidos en el nuevo Estatuto, vigente desde 2006, sufren algunos recortes tras el examen del Tribunal Constitucional.
"No nos conformamos, queremos el Estatuto íntegro". El presidente de la Generalitat, José Montilla, se había hartado los últimos meses de decir que no aceptaría ningún tipo de recorte al Estatuto, con lo que ayer no ocultó su "indignación" por el acto de "irresponsabilidad" que a su juicio ha cometido el Tribunal Constitucional.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, valoró ayer como un triunfo del Gobierno y "una derrota en toda regla del PP" el fallo del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña. "De las 187 impugnaciones solicitadas por el PP, el Constitucional ha rechazado el 92%", declaró De la Vega.
Flanqueada por Javier Arenas, Esteban González Pons y Federico Trillo, Soraya Sáenz de Santamaría trató de mostrar anoche una cara de satisfacción, aunque evitó en todo momento señalar que el PP estaba contento. Los populares han tratado en los últimos meses el recurso contra el Estatuto de Cataluña como un auténtico problema estratégico.
Los últimos documentos en poder del juez Juli Solaz despejan las dudas sobre la presunta financiación irregular de Convergència Democràtica (CDC) a través del Palau de la Música. El análisis de los discos duros de las secretarias de los dos saqueadores confesos, Félix Millet y Jordi Montull, indica que los presuntos pagos a la Fundación Trias Fargas, de CDC, o a personas directamente vinculadas con el partido ascendieron a 5,8 millones de euros.
Las críticas sobre la ambigüedad de algunos aspectos de la reforma laboral han hecho mella en el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que tiene toda la disposición a redactar apartados esenciales con más precisión que la aprobada en el real decreto.
"Al principio pensé que me gastaban una broma". Sara Domene, barcelonesa de 31 años, no daba crédito cuando, el viernes pasado, recibió la llamada de un funcionario español que ejerce funciones consulares en El Aaiún. La invitó a que se pasara por su despacho para leerle una orden de expulsión del gobernador del Sáhara remitida a la Embajada de España en Rabat.