La Iglesia intenta apartar del 'caso Retablo' a los feligreses perjudicados
Alega que haber contribuido a sostener una rectoral no les otorga ningún derecho
Los hechos están condensados en más de 2.000 folios que resumen horas y horas de pinchazos telefónicos no sólo a los dos supuestos cabecillas de la trama corrupta (el restaurador de la Xunta Carlos Gómez-Gil y el arquitecto de la Sociedade de Xestión do Xacobeo José Manuel Pichel Pichel) también a varios párrocos que trataron de encubrirla e incluso al ex Obispo de Tui José Diéguez Reboredo, imputado en el mismo caso. En los once tomos que acumula el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago consta que las buenas relaciones que mantuvo el funcionario de la Xunta Carlos Gómez Gil,con la diócesis de Tui, a la que facilitó subvenciones para remozar patrimonio histórico, le sirvieron para poder comprar por un precio irrisorio -de momento sólo ha pagado 10.000 euros de los 60.000 en que fue tasada la operación por el Obispado- una casa rectoral en Paraños (ayuntamiento de Covelo) con 4.500 metros de finca.
La Diócesis de Tui admite que vecinos ayudaron a reformar la casa malvendida
"Es como si ayudar a la Cruz Roja diera derecho sobre sus edificios", argumenta
Semanas después de acordar el traspaso del inmueble y sin haber pagado un sólo céntimo a la Iglesia, el propio Gómez-Gil puso a la venta la propiedad por 680.000 euros en Internet. De las conversaciones grabadas por la policía se deriva que fueron precisamente las empresas que recibían las adjudicaciones de las obras de restauración, supuestamente amañadas por Gómez-Gil, las que transformaron la vieja edificación en un elegante pazo rural provisto de piscina y alpendre. Gómez Gil alegó ante el juez que había invertido más de 300.000 euros en las obras de restauración.
Cuando supieron de la operación, los vecinos de Paraños, que, según el auto del juez, contribuyeron durante años "con su dinero y esfuerzo personal" a mantener la rectoral, decidieron personarse en el caso como acusación particular. Se presentaron como perjudicados por la venta de una casa, que hubieran comprado gustosos por ese precio, y que ya había servido de morada a algún vecino en dificultades. El pasado 11 de mayo, el magistrado que instruye el caso aceptó la personación de la asociación vecinal al entender que la venta de la propiedad "puede ser calificada como gratuita y tener origen en el beneficio obtenido por la Diócesis de Tui-Vigo de la ilícita actitividad desarrollada por Carlos Gómez-Gil Aizpurúa en el ejercicio de su cargo en la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural".
Pero la Iglesia está decidida a vetar la presencia de los vecinos en un hipotético juicio y acaba de recurrir la decisión del juez. En su escrito, la defensa del ex obispo de Tui admite que "los parroquianos hace años coadyudaron con sus donativos a realizar las reparaciones imprescindibles en el tejado de la casa rectoral para impedir su desplome". Pero subraya que aquellas ayudas "en absoluto otorgan derecho alguno al donante (en metálico o especie) sobre tal edificación". Continúa el escrito de la Iglesia: "Lo contrario sería tanto como adquirir derechos sobre las edificaciones de la Cruz Roja por el mero hecho de apotar donativos a tal fin, y así podría decirse de los donativos al Seminario para la terminación de las obras de la Sagrada Familia en Barcelona". La Diócesis añade que "con independencia de que el pago de la casa sea fraccionado" servirá para sufragar obras que se están llevando a cabo en la iglesia parroquial de Paraños.
Precisamente el anterior sacerdote de esta parroquia, José Juan Sobrino Pino, que intermedió con Gómez-Gil para la venta, también está imputado por este caso. En una de las conversaciones telefónicas intervenidas por la policía, el ex párroco de Covelo intenta pactar con Gómez-Gil un relato único ante la policía una vez que sabe por otros sacerdotes que las fuerzas de seguridad le siguen la pista. El anteriro cura de Covelo queda con el funcionario en argumentar que el bajo precio de la casa sería una forma de agradecer los servicios prestados por el restaurador a la Diócesis, que durante años recibió cuantiosos fondos para rehabilitacióndel departamento de Gómez-Gil.
