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Conferencia de prensa de Celestino Corbacho / GORKA LEJARCEGI
El Gobierno comienza a preparar el terreno para la reforma laboral que llegará el próximo miércoles. Por primera vez desde que arrancó este proceso, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, compareció ayer tras el Consejo de Ministros para explicar las grandes líneas del decreto que ultima y convencer de que no degrada los derechos laborales.
No ha hecho más que arrancar la negociación política del decreto de la reforma del mercado de trabajo, pero esta vez el Gobierno no ha encontrado más rechazo frontal de inicio que el de Izquierda Unida, que asume la posición de los sindicatos. Con el resto de partidos no hay todavía acuerdos, ni mucho menos compromiso para convalidar el decreto en el pleno del Congreso del día 22 de junio.
Emilio Botín apareció ayer en la junta de accionistas del Santander en mitad de una tormenta financiera que está golpeando a la deuda española, a la credibilidad del Gobierno y cerrando los mercados de liquidez. Quizá por eso no tardó en destacar que el banco ha captado, en poco más de dos meses, 30.000 millones de euros con el depósito al 4%, lo que supone ganar una cuota de mercado de 2,1 puntos y lograr 90.000 clientes de la competencia.
La absorción del Banco Guipuzcoano por parte de Banc Sabadell avanza con rapidez. Según fuentes cercanas a la operación, la entidad catalana podría engullir al Guipuzcoano antes de que termine este mes a través de un canje de acciones que ayer ambos bancos seguían negociando.
Iberdrola ha solicitado a los tribunales que declare nulo el acuerdo de pago de dividendos aprobado por ACS en su junta de accionistas del 15 de abril. La petición figura en la demanda que ha presentado la eléctrica, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, y que ha sido ya admitida a trámite por el juez, que ha dado 20 días de plazo a ACS para contestar.
Portugal Telecom (PT) contraataca en su batalla con Telefónica por el intento de la operadora española de comprar el 50% de la filial brasileña de telefonía celular Vivo. En su política de resistencia, la operadora portuguesa ha divulgado un informe dirigido a sus accionistas en el que acusa a Telefónica de insinuaciones "intimidatorias" y advierte que tomará acciones legales para defenderse.
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