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Elena Salgado y el comisario Olli Rehn / AFP
Bruselas quiere reformas rápidas en el mercado de trabajo y en las pensiones, y ambos cambios se acercan a toda velocidad. El presidente Zapatero ya ha puesto fecha límite para la reforma laboral: el 16 de junio. Y el Gobierno avanzó ayer que se ha propuesto acelerar la otra reforma medular, la relativa a las pensiones.
La agencia de calificación de riesgo Fitch exigió ayer a Reino Unido que acelere la reducción del déficit público. Su declaración supone un extraordinario favor político al nuevo Gobierno de coalición de conservadores y liberal-demócratas, que se ha fijado como objetivo prioritario de su mandato precisamente reducir lo antes posible el déficit a pesar de la fragilidad económica.
Sindicatos y empresarios conocerán hoy el primer esquema de la reforma laboral que el Gobierno prepara para la próxima semana. Con la certeza de que el Consejo de Ministros aprobará el día 16 cambios sustanciales en el mercado de trabajo, el Ejecutivo y los agentes sociales se dan la última oportunidad para alcanzar un pacto, al menos en algunas de las medidas previstas.
ACS, primer accionista de Iberdrola (12,7% de forma directa e indirecta), presentó ayer en los Juzgados de lo Mercantil de Bilbao la demanda de impugnación de la junta de la eléctrica que impidió la incorporación de un consejero del grupo al órgano de dirección de la eléctrica.
El Ministerio de Industria ha elaborado un borrador de orden ministerial en el que propone subir a partir del próximo 1 de julio la parte regulada de las tarifas eléctricas (los llamados peajes de acceso) un 10% para hogares y pequeños negocios, un 5% para los clientes de media tensión y un 0% para grandes consumidores (industria fundamentalmente).
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