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domingo, 6 de junio de 2010
Reportaje:LA SOSTENIBILIDAD DEL ESTADO DE BIENESTAR 9. ENERGÍA Y CLIMA

La luz es 5.000 millones más cara

Los beneficios hinchados de la energía nuclear y la hidráulica, las primas a las renovables y las ayudas al carbón encarecen casi un 15% la factura eléctrica

Especial: la sostenibilidad del Estado de bienestar: Opina de las Energías Renovables España es líder en energías renovables y ya cumple el objetivo europeo para 2014. Esto ha generado exportaciones, I+D, empleos y también un sobrecoste en la tarifa que se puede rebajar. Los expertos insisten en que, para ser coherente, el Ministerio de Industria debería recortar también los beneficios caídos del cielo que reciben las eléctricas por las centrales nucleares -ya amortizadas- y por las presas -que funcionan con un bien público, la lluvia-. Así se podrían ahorrar 5.000 millones al año.

La factura eléctrica es clave en la competitividad, en el gasto de hogares y empresas y en la inflación. El Ministerio de Industria lleva meses lanzando mensajes sobre la necesidad de recortar las primas a las renovables (4.719 millones de euros en 2009, en un año en que teóricamente se dispararon). El sector coincide en que se puede bajar la prima a estas tecnologías (sobre todo a la fotovoltaica, que vivió una burbuja espectacular hasta 2008). Pero si realmente el Gobierno quiere recortar la factura tiene más conceptos por los que meter la tijera.

Aunque eso supondría enfrentarse a los grandes grupos energéticos y reordenar todo el sector. La idea de que las renovables son un chollo cala. Cada español pagó el año pasado 105 euros de media en primas a estas energías. A cambio, la eólica produjo un 18% de la electricidad y la solar un 2%. El sector redujo las emisiones de CO2, solo la eólica exporta ya más que el sector del vino, y las renovables emplearon a 109.000 personas, según el Ministerio de Medio Ambiente.

Las centrales de gas cargan contra las renovables como causa de sus males

Las plantas de ciclo combinado emiten mucho menos CO2 que el carbón

Hay demasiadas centrales de gas y no tienen el hueco previsto

Asif y APPA aceptan recorte de primas para instalaciones fraudulentas

Muchas plantas se inscribieron sin estar produciendo electricidad

García Breva afirma que las nucleares "son la hucha de las eléctricas"

Industria admite que "la eólica evitó importaciones de combustibles fósiles por valor de 3.600 millones de euros" pese a que recibió primas por 1.600 millones. Así figura en el documento que ha enviado a los grupos políticos para alcanzar un pacto energético. Sin embargo, el ministerio que dirige Miguel Sebastián está convencido de que ese nivel de inversión en primas no es sostenible, ya que "el sector renovable va a percibir en los próximos 25 años más de 126.000 millones de euros".

Las primas se crearon en 1997 para ayudar a las tecnologías en sus inicios y para compensar los costes futuros (como el cambio climático) que generarán las energías sucias. Pero Industria afirma que el crecimiento de las primas ha sido "excesivamente rápido", ya que en 2010 espera que alcancen los 6.100 millones. Esto es principalmente un efecto estadístico. Las renovables reciben como prima la diferencia entre el precio de la energía y la establecida para ellas por el Gobierno. Cuando el precio de la energía baja (2010 y 2009) la prima es mayor que cuando los precios de la energía son altos (como ocurrió en 2008, cuando la prima fue de 3.300 millones). En todos los casos la cantidad que pagamos por estas tecnologías es la misma.

Las primas en algunos casos se fijaron -las fijó el propio Gobierno- tan altas que no son un incentivo a la innovación sino una forma de hacer caja para fondos de inversión y especuladores. Es lo que ha ocurrido con los huertos solares fotovoltaicos. En 2006, el Gobierno fijó una prima de 450 euros por megavatio-hora fotovoltaico producido (diez veces más que el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista en 2009). La prima se fijó tan alto porque en su momento había restricciones de silicio -esencial para los paneles- y el Ejecutivo no calculó que los costes de producción podían caer tanto. Pero cayeron a plomo y se montó una burbuja. España tiene casi seis veces más de la potencia prevista para 2010.

En septiembre de 2008 acababa el plazo para acogerse a ese régimen tan beneficioso y los últimos días hubo una avalancha de proyectos más que dudosos. Unas 4.000 plantas se apuntaron los últimos días y la Comisión Nacional de la Energía (CNE) ha detectado irregularidades en un 80% de ellas (que suman un 6% del total de las plantas). Esto implica que, con la colaboración de funcionarios y comunidades autónomas, muchas se inscribieron sin estar produciendo electricidad. La fotovoltaica supone 53% del sobrecoste de las renovables, aunque aportó  el 11% de estas fuentes y el 2% de la electricidad total.

Las patronales solares Asif y APPA aceptan que haya un recorte de primas, pero no a todas las instalaciones, sino a las acogidas fraudulentamente a ese régimen. Por separado han enviado cartas al ministerio en las que proponen una fórmula para ahorrar entre 500 y 800 millones de euros (entre un 25% y un 30% de las primas) al año: cumplir la ley y retirar la retribución a las ilegales.

Asif calcula que 600 megavatios fotovoltaicos -de los 3.000 totales- incumplen la norma. La industria solar critica la actuación de Industria.

Hay más capítulos inflados, pero tocarlos exigiría reordenar la factura, algo que afectaría de lleno a las grandes eléctricas, Iberdrola, Endesa, Gas Natural...

Son estas empresas, especialmente las gasistas, las que han lanzado la cruzada antirrenovables. Las primas a la energía limpia que paga el consumidor no afectan a su negocio, pero las renovables -sobre todo la eólica- les quitan mercado. Mientras la demanda crecía cada año y la potencia renovable era una cifra modesta podían tolerarlo. Pero en 2009, con la bajada del 4,3% de la demanda, la tarta se ha reducido y no hay hueco para todos.

Gas Natural, pero también Iberdrola y Endesa, se han quedado colgadas de la brocha. Hace una década se embarcaron en faraónicos planes para construir centrales de ciclo combinado (funcionan con gas natural y emiten mucho menos CO2 que el carbón). En 2002 abrió la primera central y hoy hay más de 22.370 megavatios (la potencia de 22 reactores nucleares). Las eléctricas se metieron en esas enormes inversiones pensando que funcionarían unas 5.000 horas al año pero en 2009 sólo funcionaron 3.500. Red Eléctrica prevé que en 2014 funcionarán entre 2.100 y 2.300 horas y solo 1.700 en 2016, debido al auge de las renovables para cumplir con el objetivo europeo del 20% de energía limpia en 2020 y al exceso de inversión de las eléctricas en ciclos combinados. Conclusión: hay demasiadas centrales de gas y no tienen el hueco previsto. Primera derivada: piden ayudas públicas porque cuando no hay viento ni lluvia son necesarias para que no haya apagones. Segunda derivada: cargan contra las renovables como causa de sus males.

El sistema español de precios, fijado en 1997, hace que todas las tecnologías cobren al precio más alto. Las eléctricas van ofertando sus tecnologías hasta cubrir la demanda prevista en cada momento. Primero entra en el sistema la nuclear (que no se puede encender y apagar), después la hidráulica, las renovables entran todas y generalmente lo que falta se completa con centrales de gas.

El resultado es que la electricidad producida por un embalse construido por presos republicanos durante el franquismo que funciona con agua de lluvia -por ley, un bien público- se paga esencialmente al mismo precio que el gas. Y lo mismo ocurre con el parque nuclear, cuyas inversiones están recuperadas. Así, sólo en el último trimestre de 2008, nucleares e hidráulicas recibieron 1.083 millones de beneficios (cifra que consideran "la más cercana a la realidad", pese a las dificultades para realizar la estimación), según un voto particular de tres consejeros de la CNE muy críticos con el sistema de fijación de precios. Estos afirman que en ese periodo la prima a las renovables fue "muy inferior a la diferencia estimada entre precios y costes en la generación del régimen ordinario". Es decir, que el beneficio de nucleares e hidráulicas fue mayor que el de las renovables.

En 2009, con un precio medio del mercado eléctrico menor (ha caído la demanda y el precio del gas), las nucleares y la hidroeléctrica habrían recibido unos 1.600 millones por encima de sus costes de producción. Esto, considerando que el coste de producción nuclear es de 18 euros por megavatio-hora, como hizo la CNE en ese voto particular y de 9 euros el megavatio hidráulico (el triple de lo que consideró la CNE) y que el conjunto de las centrales anteriores a 1998 están amortizadas. En 2008 esos beneficios caídos del cielo -windfall profits, en inglés- ascendieron a unos 3.600 millones.

Este año los beneficios caídos del cielo de la hidráulica pueden subir, porque en los seis primeros meses, gracias a las abundantes lluvias, ya han producido tanto como en todo 2009; pero es pronto para predecir la evolución dadas las incertidumbres. Sin embargo, gracias a las renovables -que bajan el precio de la electricidad- algunas de esas horas nucleares y embalses han producido electricidad sin recibir ninguna remuneración.

Esos beneficios caídos del cielo pueden suponer unos 3.500 millones si el precio del mercado mayorista de la electricidad está a 50 euros el megavatio-hora y 2.500 millones si baja a 40, que es el nivel actual.  García Breva, primer director general de ahorro y renovables del Gobierno de Zapatero y actualmente presidente de APPA fotovoltaica, afirma que las nucleares "son la hucha de las eléctricas".

En 2005, el Libro blanco de la electricidad, encargado por el Gobierno al catedrático Ignacio Pérez Arriaga, ya pidió sacar a las nucleares e hidroeléctricas del sistema de mercado. La idea sería pagarles un precio razonable pero fijo, que sus beneficios no se disparasen si sube el petróleo.

Martín Gallego, primer secretario de la energía con Felipe González, calcula (EL PAÍS, 30-05-2010) que con estos recortes se podrían ahorrar unos 5.000 millones al año, con lo que se convertiría en un enorme capítulo de ahorro, tanto como el recorte en el gasto público previsto por el Gobierno en el decreto ley de austeridad para este año.

La profesora de economía de la Universidad Carlos III y experta en el sector Natalia Fabra explica que estos altos beneficios provienen de la regulación que ignora que las centrales nucleares e hidráulicas no pueden tener competidores. Fabra añade que estos beneficios son producto de un cambio regulatorio y no del acierto o del riesgo asumido por sus inversores. Por tanto, "no pueden ser legitimados por el mercado". Añade que los propietarios de las centrales hidroeléctricas "se benefician de un recurso público como el agua, en inversiones realizadas hace mucho tiempo, y que ya están fundamentalmente recuperadas".

La factura está hinchada por más conceptos. Un cambio legal el año pasado puede aumentar en 1.000 millones el dinero pagado por los consumidores con derecho a Tarifa de Último Recurso. Ahí está incluido el pago a los comercializadores regulados de una prima de riesgo regulada y de un margen comercial, también regulado, en torno a 400 millones de euros anuales, que ha duplicado lo que antes se pagaba por este concepto.

El coste total de la factura (incluyendo generación, transporte, distribución, primas y la ristra innumerable de conceptos que la componen) suma entre 30.000 y 35.000 millones al año. Y los beneficios caídos del cielo y los derivados del cambio regulatorio rondan los 4.000 millones en un año normal. Si a eso se le suma una rebaja de 1.000 millones en las primas a las renovables, todo podría rebajar la factura eléctrica casi un 15%. Las cifras sirven para hacerse una idea del orden de magnitud -no hay que tomarlas con decimales- porque la tarifa varía cada año.

Si el recorte parece poco se puede ir incluso más allá. El nuevo decreto de ayudas al carbón incluye subvenciones de 400 millones de euros al año para salvar el carbón nacional y cumplir el plan pactado hace años. A la ayuda a la fuente de energía más contaminante que existe, a lo que habrá que sumar la compra de derechos de emisión de CO2. En los presupuestos generales del Estado hay otros 1.000 millones para el carbón.

Los expertos no creen que ese ahorro deba servir para bajar la luz -algo que propicia el derroche energético- sino que podría ir al Estado para enjugar el déficit público. Si de verdad querían ideas, ahí hay una.

Aerogeneradores en Castilla-La Mancha. / GETTY IMAGES

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