La trama intentó su último 'pelotazo' en la plaza de Europa de L'Hospitalet
Prenafeta, Alavedra y Luigi se repartieron un millón por asesorar a Espais
Unos terrenos ocupados durante décadas por chatarreros se convirtieron de repente en solares codiciados por el gremio del ladrillo. El soterramiento parcial de la autovía de Castelldefels a su paso por L'Hospitalet era una asignatura pendiente que cosió el urbanismo de esta ciudad hace ya seis años. En aquellos terrenos se levantan ahora flamantes edificios de oficinas, hoteles de diseño y las sedes corporativas de diversas sociedades, Proinosa entre otras.
La plaza de Europa de L'Hospitalet se ha convertido en el espacio de centralidad de la zona y eso era conocido por la trama pretoriana, que si algo sabía era anticiparse a la revalorización de los terrenos, aunque hubiera que forzarla con actuaciones susceptibles de ser incluidas en el Código Penal.
La inmobiliaria ofreció los edificios al Departamento de Medio Ambiente
Para acometer el soterramiento de la autovía, desde el barrio del Gornal hasta la plaza de Cerdà, la frontera con Barcelona, se creó un consorcio público en enero de 2002, siendo alcalde Celestino Corbacho, ahora ministro de Trabajo e Inmigración. Tras la reparcelación, a la sociedad Inmuebles Godó, SA, le fueron adjudicadas cinco parcelas. Como se le exigieron 6,3 millones de euros en concepto de cargas urbanísticas, optó por vender dos de esos solares a la sociedad Doskasde, SA, en enero de 2003. Cada parcela tenía 2.371 metros cuadrados de superficie y 7.661 de techo edificable. En ambos casos eran de uso residencial y se pagó un total de 22,98 millones de euros.
En esa venta actúan dos intermediarios. Uno fue Enrique Lacalle, ex concejal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, quien percibió 1.124.853 euros más IVA a través de sociedades de su propiedad. Él mismo mostró las facturas a la Guardia Civil cuando declaró el pasado 6 de febrero en el cuartel de Sant Andreu de la Barca.
Apenas año y medio después de comprar, el 19 de agosto de 2004, Doskasde, SA, firmó un contrato privado de compraventa con Espais, la inmobiliaria del imputado Lluís Casamitjana, que luego vendió dos solares al Incasòl en Cerdanyola y El Prat, y que pinchó con la venta un edificio de la avenida Diagonal a la Generalitat. Por la compra de las dos parcelas de la plaza de Europa, Espais pagó 32,2 millones y ese mismo día firmó un contrato con Poliafers, SA, la sociedad instrumental de Lluís Prenafeta, por el que este cobró 1.107.600 euros, IVA incluido, de los que 458.200 se los quedó él, 348.000 fueron para Macià Alavedra y los restantes 301.400 para Luigi. El motivo oficial que siempre aparece en las facturas es "trabajos de asesoramiento", pero la Guardia Civil explica en el informe entregado al juez que la intervención de Poliafers "sigue patrones semejantes a los propios" de las operaciones de Badalona y Sant Andreu de Llavaneres supuestamente delictivas, si bien en este caso no hubo una recalificación urbanística de los usos. El informe policial recuerda que fue otra empresa distinta a Poliafers la que asesoró a Espais, por lo que se sugiere que "esta cuestión posiblemente debería ser aclarada por Lluís Prenafeta".
En esas parcelas se están construyendo dos torres que tendrán un máximo de 15 plantas cada una y que Espais está promocionando como viviendas. Sin embargo, el año pasado se ofrecieron los edificios a la Generalitat para que se trasladara allí la sede del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda. Fue a través de una carta remitida el 5 de marzo de 2009 a la secretaria de Vivienda, Carme Trilla, y de diversas llamadas y reuniones en las que tampoco se llegó a nada.
"Únicamente ha quedado pendiente conocer el objeto concreto de la sociedad Poliafers" y otras, que "están vinculadas a la operativa" de Prenafeta, Alavedra y García Sáez, admite la Guardia Civil en su informe dirigido al juzgado. La investigación sigue abierta y habrá que esperar.
El interrumpido sigilo policial
El souflé mediático del caso Pretoria estaba desinflado a primeros de febrero. Entonces ya empezaban a circular los comentarios de los agoreros de turno que pronosticaban "otra garzonada", una expresión acuñada para desacreditar al juez de la Audiencia Nacional.
Suele ser propia de los que confunden el deseo con la realidad, hasta que ésta les desborda. Y más después de que Alavedra, Prenafeta y Muñoz se hubiesen comido los turrones en casa, se les hubiesen rebajado las cuantiosas fianzas que prestaron para quedar en libertad y solo Luigi permaneciese entre rejas.
Los tiempos periodísticos nada tienen que ver con los policiales, y mucho menos con los judiciales. La Guardia Civil, actuando a las órdenes del juez luego defenestrado, seguía trabajando en sigilo, pero trascendió que un grupo de agentes llevaban semanas en Barcelona con los flecos de la trama. Se ignoraba dónde ni qué investigaban, porque el caso seguía bajo secreto de sumario.
El levantamiento de esa medida, después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estimase un recurso de la abogada de Luigi, ha revelado que aquellas pesquisas se centraban en dos parcelas de la plaza de Europa. La investigación policial se recoge en un informe de la Guardia Civil fechado el 3 de mayo, en el que se sugiere que se vuelva a tomar declaración a Prenafeta para que aclare el cobro de comisiones a través de Poliafers, la sociedad instrumental que creó para estos fines.
Ahora le toca mover ficha al juez Santiago Pedraz o al sustituto de Garzón que nombre el Consejo General del Poder Judicial. Eso sí que ha producido un indisimulable alborozo en aquellos agoreros. Y se ha perdido el sigilo del que disfrutó la Guardia Civil para trabajar. Nada es lo mismo.
