Selecciona Edición
Entra en EL PAÍS
Conéctate ¿No estás registrado? Crea tu cuenta Suscríbete
Selecciona Edición
Tamaño letra
El mayor ajuste de la democracia

El Gobierno corta el grifo del crédito a los municipios para atajar el déficit

Los Ayuntamientos tendrán que aplazar muchas obras al menos a finales de 2011

Los Ayuntamientos se han convertido en los nuevos damnificados por el plan de recorte del Gobierno, que hasta ahora se centraba en funcionarios, pensionistas, madres y dependientes. El decreto ley con los detalles del ajuste, publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado, encerraba una sorpresa amarga para las entidades locales: no podrán recurrir al crédito, ni público ni privado, a largo plazo para financiar sus inversiones hasta diciembre de 2011. Pese a su gran calado, la medida fue obviada en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros que el jueves aprobó el decreto con el mayor plan de ajuste de la democracia. Los Ayuntamientos tratarán de ofrecer hoy una respuesta unitaria a esa decisión.

Las cuentas no podrá fiscalizarlas un funcionario interino o accidental

El Gobierno comienza a tomar las riendas del déficit en las Administraciones que no son de su competencia. Y ha arrancado con las que menos peso tienen en los desequilibrios públicos. Los Ayuntamientos representaron el año pasado medio punto porcentual de un déficit que escaló al 11,2% y generaron el 7,4% de la deuda. El motivo esgrimido por Economía para cortarles el grifo de las nuevas inversiones es que resulta difícil hacer un seguimiento individualizado de las cuentas de casi 9.000 municipios y, por tanto, hay que adoptar medidas generales para limitar la deuda. La consecuencia, según admiten en el ministerio, será que se aplazarán muchas obras al menos hasta finales del año próximo, "del mismo modo que la Administración General del Estado está retrasando planes de inversión".

Además de cerrar la puerta al crédito, el decreto publicado ayer prohíbe a estas Administraciones refinanciar deuda, a no ser que el acuerdo con las entidades financieras permita reducir la carga financiera o el plazo de amortización, condiciones muy difíciles de cumplir con las actuales restricciones del crédito y las crecientes necesidades de las Administraciones públicas. Cualquier nuevo proyecto que acometa un Ayuntamiento tendrá que financiarse con recursos propios (procedentes de recaudación de impuestos o de cualquier otro ingreso) o con transferencias ya aprobadas por parte del Estado, como el fondo estatal de 5.000 millones de euros destinado a proyectos de economía sostenible, en vigor durante 2010.

Asimismo, "para mejorar el control de la gestión económica y financiera" de los Ayuntamientos, el decreto cambia la ley para impedir que el encargado de la fiscalización de las cuentas municipales sea un funcionario interino o accidental.

El alcance de esta drástica restricción a las inversiones locales no bastó para que el Gobierno se aviniese a explicarla. El vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, convocó de urgencia ayer por la tarde al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro, para explicarle el decreto. Aunque la idea inicial era comparecer al término de la reunión, el encuentro se saldó con unas breves palabras de Castro, alcalde socialista de Getafe, que remitió a lo que hoy decida la FEMP en su ejecutiva. No hubo comparecencia de ningún responsable del ministerio. "El decreto tiene mucho que ver con lo que ha sido nuestra posición hasta ahora: que el Gobierno gobierne y que tome las decisiones necesarias, por duras que sean, en beneficio de España", acertó a decir Castro, visiblemente aturdido ante una medida que le perjudica como alcalde, pero que ha sido adoptada por el Gobierno al que apoya su partido.

Más allá de esa indefinición, y a la espera de lo que decida hoy la FEMP, algunos de sus miembros se mostraban ayer más críticos. Alfonso Igualada (IU), concejal de Hacienda de Córdoba y miembro de la ejecutiva de la Comisión de Hacienda de la FEMP, hablaba ayer de "un palo en toda la línea frontal de la autonomía municipal". Igualada critica que una decisión de este tipo se adopte cuando los presupuestos del año están en pleno desarrollo y hay muchas inversiones comprometidas, algunas de carácter plurianual.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 25 de mayo de 2010