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El recorte social | Las perspectivas económicas

De la Vega pide el apoyo de los grupos por "responsabilidad"

El PSOE negociará para no sacar las medidas en solitario

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, apeló ayer a la "responsabilidad de los grupos parlamentarios" para que respalden las medidas de ajuste económico -incluido el recorte del 5% como media en los sueldos de los empleados públicos o la congelación de las pensiones- que ella misma calificó de "duras, difíciles y dolorosas", pero "necesarias para España".

El Consejo de Ministros aprobará el próximo jueves el decreto ley que contiene parte de esas medidas. El texto se remitirá luego al Congreso para su convalidación. Un rechazo del mismo dejaría al Gobierno en una situación insostenible, según admiten fuentes gubernamentales, que se muestran convencidas de obtener apoyos suficientes.

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La convalidación de un decreto ley en el Congreso requiere una mayoría simple, algo que el PSOE puede lograr con sus propios votos y las suficientes abstenciones. Pero la trascendencia de las medidas propuestas exige un apoyo parlamentario más amplio. Fuentes socialistas indican que comenzarán a negociar con PNV y Coalición Canaria y confían en lograr el apoyo de CiU y, en algunos puntos, del PP. Los grupos pueden votar también que un decreto de este tipo se tramite como proyecto de ley. En ese caso, los grupos pueden proponer enmiendas al texto y la tramitación se alarga considerablemente, aunque no impide la entrada en vigor del decreto ley durante la misma.

El martes o miércoles se reunirá la Mesa General de las Administraciones Públicas. Será allí donde el Gobierno explique a los sindicatos cómo se repartirá la reducción de sueldo de los funcionarios, que será mayor cuanto mayor sea la retribución. Fernández de la Vega, que ayer participó en el V Congreso Iberoamericano de Nuevo Periodismo en Comillas (Cantabria), dijo que se está trabajando en los "tramos y cuantía" de los recortes, pero no quiso ofrecer detalles, más allá de la exclusión de los empleados de las empresas públicas.

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La vicepresidenta insistió en que las medidas, "que son difíciles de adoptar y también difíciles de aceptar", servirán para acelerar la salida de la crisis y la creación de empleo, aunque "aún queda un recorrido difícil en el que hay que hacer sacrificios".

Por su parte, ante las críticas recibidas por centrar las medidas en la reducción del gasto social, el ministro de Fomento, José Blanco, apuntó ayer a una posible subida de impuestos "a los que más tienen" en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2011. En una entrevista a Onda Cero, Blanco explicó que esta eventual subida no afectaría a las clases medias, como profesores o médicos, "que ya han sufrido un ajuste de salario", sino a "quienes tengan más". "Nunca nadie habló de rentas más altas", indicó el ministro, sino de que quien más tiene haga un esfuerzo adicional.

Además, descartó que la subida de impuestos se haga a través del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Blanco señaló que si bien la reflexión sobre la subida de impuestos se ha abierto ahora, "se cerrará cuando toque, en el debate sobre los Presupuestos Generales del Estado", dijo. "Hay que hacer un esfuerzo nacional. No podemos ser el país con más derechos -sanidad, pensiones, becas, dependencia, prestaciones por desempleo- y ser uno de los países de la Unión Europea que pague menos impuestos", remarcó.

La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega.
La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega.EFE

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