Plan de choque de Zapatero
Los sindicatos han comenzado a esbozar su respuesta a las drásticas medidas de ajuste presupuestario anunciadas por el Gobierno. Y han comenzado a hacerlo por donde van a empezar los recortes, por los empleados públicos (2,7 millones). A partir de junio, los funcionarios verán menguar su nómina.
La alianza que sindicatos y Gobierno han mantenido durante los dos años de crisis ha quedado tocada, pero no se ha roto. Esa es la percepción de La Moncloa, tras las más de dos horas de reunión que ayer mantuvieron José Luis Rodríguez Zapatero y los secretarios generales de UGT, Cándido Méndez, y de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo.
Una vez dado el paso arriesgado de girar radicalmente en su estrategia, convencido de que la situación lo requiere inexcusablemente, el Gobierno considera que para llevar a la práctica las medidas anunciadas por José Luis Rodríguez Zapatero en el pleno del miércoles necesita el mayor apoyo político posible.
Ante la trascendencia de las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, la dirección del PSOE pide a su partido cohesión y prudencia. De momento, sólo los diputados de Izquierda Socialista y el parlamentario Manuel de la Rocha, vinculado a UGT, piden "un debate para buscar medidas que consigan la equidad en los sacrificios".
Salvo algún improbable acuerdo de muy última hora, el juez Baltasar Garzón será suspendido hoy como juez durante el pleno extraordinario que tiene previsto celebrar el Consejo General del Poder Judicial a partir de las once de la mañana. En el orden del día sólo hay un punto: apartar a Garzón del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional.
"No se afrontan las situaciones complejas con optimismo, sino con tranquilidad, con la tranquilidad que da saber que soy inocente de lo que se me acusa. Como hombre respetuoso con la ley sólo me queda asumir la decisión de mañana [por hoy] ejerciendo mi defensa para que quede absolutamente claro cuál es la situación".
El informe pericial encargado para investigar el patrimonio del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, señala al dirigente del PP como presunto autor de cinco delitos fiscales entre 1999 y 2003. Según los peritos, que son inspectores de Hacienda, Carlos Fabra dejó de ingresar cerca de 900.000 euros por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
La decisión del Tribunal Supremo de reabrir la causa por cohecho contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, -por haber recibido trajes regalados por las empresas del caso Gürtel- abrió ayer las primeras fisuras en el PP de la Comunidad Valenciana.
El parador de Alcalá de Henares (Madrid) acogió el pasado 5 de mayo la cumbre menos publicitada de la presidencia española de la UE: la que reunió a los jefes de los principales servicios de espionaje europeos. Ni una fotografía, ni una nota de prensa, ni una referencia en la web oficial, en la que se reseñan hasta los más nimios encuentros de burócratas y expertos.
Tras cuatro meses de débil recuperación del tráfico de pasajeros en España, los efectos de la crisis en Europa por la nube de ceniza volcánica en abril devolvieron las estadísticas de AENA a cifras negativas. La empresa pública de aeropuertos publicó ayer que el número de pasajeros en los aeródromos españoles cayó un 8,6% respecto al año anterior.