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Los escándalos que afectan al PP

Camps vuelve a ser juzgado por cohecho

El Supremo reabre por unanimidad la causa contra cuatro altos cargos del PP agasajados por una empresa corrupta beneficiada por la Comunidad Valenciana

Francisco Camps, presidente de la Comunidad Valenciana, regresó ayer a las puertas del banquillo de los acusados por un supuesto delito de cohecho impropio. Regresó al mismo lugar donde le dejó el juez José Flors, que investigó el caso. El mismo lugar del que le sacaron dos magistrados del Tribunal Superior de Justicia, uno de ellos el presidente de este organismo, Juan Luis de la Rúa, que decidieron archivar la causa, ahora reabierta por el Supremo. La sospecha de corrupción amenaza la carrera política de Camps pero, según anunció ayer, se siente "con fuerza para seguir liderando el PP" y cuenta con el apoyo de su jefe político, Mariano Rajoy.

En su retorno como imputado a la causa judicial derivada del caso Gürtel le acompañan Victor Campos, su ex vicepresidente; Ricardo Costa, ex secretario general y ex portavoz parlamentario del PP; y Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo. Todos ellos recibieron trajes, americanas y pantalones durante varios años de Álvaro Pérez, El Bigotes, presidente de Orange Market, la empresa de la trama corrupta a la que el Gobierno valenciano adjudicó a dedo decenas de contratos durante cuatro años.

La Sala Penal da la razón al Ministerio Público contra el archivo de la causa

El Bigotes gastó 30.000 euros en trajes para los cuatro altos cargos

La Sala Penal del Tribunal Supremo acordó ayer, por unanimidad de sus cinco miembros, dar la razón al ministerio fiscal contra el archivo de la investigación abierta a Camps, Costa, Campos y Betoret por haber aceptado trajes como regalo de Álvaro Pérez, el "amiguito del alma" del presidente valenciano. La sentencia del Supremo, que se hará pública en los próximos días, acepta el primer motivo de casación esgrimido por la fiscalía, por indebida aplicación de la relación de causalidad exigida en el artículo 426 del Código Penal, relativo al delito de cohecho impropio.

El Tribunal Superior de Valencia no aceptó que hubiese una relación de causalidad entre la dádiva admitida (los trajes) y la función pública desempeñada por los imputados. Según el Tribunal de Valencia, para que se diese esa relación resultaba preciso la concurrencia de un acto por parte de la autoridad o funcionario en atención a la dádiva admitida, o bien que el regalo se hubiese entregado en recompensa de un acto ya realizado. El Bigotes gastó 30.000 euros en trajes para los cuatro altos cargos del Gobierno valenciano a partir de que la facturación de su empresa se multiplicara por 10 como consecuencia de la adjudicación de contratos por distintas consejerías de la Comunidad Valenciana. Pese a este hecho comprobado, dos de los tres magistrados del Tribunal Superior de Valencia entendieron que los regalos no eran en agradecimiento de los contratos recibidos.

El fiscal alegó que esa interpretación vaciaría de contenido el delito de cohecho impropio, pues no sería sancionable la admisión de regalos por funcionarios o autoridades cualquiera que fuera su valor: tanto si era un inmueble, un vehículo de lujo o un millón de euros. Incluso en supuestos como el de la trama Gürtel, en el que, según el fiscal, consta acreditada una contratación superior al millón de euros anuales entre la Administración pública a la que pertenecen los imputados y las empresas de los particulares que habrían entregado los regalos.

Según expuso el fiscal en su recurso, la jurisprudencia del Supremo estima cometido el delito de cohecho impropio del artículo 426.1 "cuando el regalo se acepte por razón del cargo del funcionario, sin requerir la realización de acto alguno por parte de este". Con ello, lo que se pretende es "poner en nómina" al beneficiario, colocándole en la situación de absoluto agradecimiento a su benefactor, de tal forma que cuando con posterioridad se le pida que realice actos a favor del donante, sean estos cuales sean, aquel no tenga posibilidades físicas o morales para negarse. Estos argumentos del fiscal le llevan a discrepar también del archivo acordado respecto de Costa. Para el fiscal, Costa ostenta también la condición de autoridad como miembro del Parlamento valenciano, sin que, a los efectos del artículo 426 se establezca diferencia alguna entre miembros del Ejecutivo o del Legislativo. La "situación relevante de Costa en el PP sería exactamente igual de la que pudiera predicarse de Camps, Campos y Betoret en la Generalidad", señaló el fiscal.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 13 de mayo de 2010