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miércoles, 12 de mayo de 2010
COLUMNA

Igualdad real

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La lucha contra las desigualdades entre hombre y mujer en todos los ámbitos de la sociedad ocupan un importante espacio en la vocación de nuestros gobernantes, vocación que se ve reflejada en las leyes. Una de las razones fundamentales, amén del apoyo constitucional y europeo, como se refleja en el Tratado de Ámsterdam de 1997, deriva de los casos de violencia de género. Una violencia cuya gravedad se refleja en el hecho de que este año ya son 24 mujeres las asesinadas a manos de sus parejas. Otra se ha dado históricamente en el ámbito laboral, aprovechándose de las dificultades de la mujer: de la discriminación educativa y cultural que las hacía (y aún las hace) vulnerables en el ámbito laboral. Fruto de estas desigualdades y de la vocación de los gobernantes nace la Ley de Igualdad andaluza, aprobada en el año 2007.

Los decretos y órdenes dados en el desarrollo de esta ley -los últimos aprobados este mismo año, en febrero y marzo- quedan patentes en las declaraciones del actual presidente de la Junta de Andalucía. Un presidente, José Antonio Griñán, que, desde su toma de posesión, ha destacado como uno de los objetivos de su Gobierno la educación, la investigación, la sanidad y la igualdad real entre hombres y mujeres. Y no han sido frases que se acuñaran para su toma de posición. Recientemente, con motivo de la presentación del libro 50 mujeres de vanguardia, del que es autor Román Orozco, destacó la inmensa fortaleza de estas 50 mujeres, y de tantas otras, hasta el punto que nos transmitió que se sentía cómplice -que no protagonista- de sus logros en materia de igualdad y libertad. Sin duda que esa complicidad tiene mucho que ver con el desarrollo normativo de la Ley de Igualdad de 2007.

Sin embargo, a pesar de este evidente progreso en la legislación y en la sensibilidad de los políticos, aún la igualdad está lejos de ser un hecho. Así se desprende del informe del servicio de defensa de la secretaría de la Mujer de UGT Andalucía. En este informe se demuestra que desde el inicio de la crisis económica se han duplicado las consultas en materia de discriminación. que se han elevado en un 96% los expedientes judiciales relacionados con la discriminación y que de las 300 empresas andaluzas con obligación de tener un plan de igualdad sólo el 25% lo tienen.

Con esta situación no es difícil afirmar que, en materia de igualdad entre mujeres y hombres, Andalucía sólo ha aprobado el teórico. Y, obviamente, que para aprobar el práctico hay que hacer mucho más. La inercia social y la situación actual de crisis están haciendo que las leyes de igualdad aprobadas no supongan freno alguno a los casos de discriminación que pretendían erradicar y que sigan avanzando.

Con esta realidad, de la que ya avisa la secretaría de la Mujer de UGT, no caben medias tintas. No es posible, si se quiere gobernar con eficacia, ampararse en la vigencia de unas leyes si estas se incumplen con la facilidad que demuestra el día a día y que se refleja en los datos que se facilitan en este informe. De aceptar sin más que hemos hecho los deberes, las leyes dictadas sólo servirían de tapiz para tapar la discriminación en la que se encuentran muchas mujeres ante su derecho a trabajar en condiciones reales de igualdad. Continuarían dentro de esa especie de inercia social que favorece las dificultades de incorporación al mercado laboral en condiciones de igualdad.

Claro que si gobernantes, grupos políticos, sindicatos y empresas están de acuerdo en cambiar este retroceso que lleva a posiciones dejadas atrás en la historia -y de esto no cabe duda a la luz de sus declaraciones y de sus compromisos en materia de concertación social como han hecho Gobierno, sindicatos y CEA- sólo tienen que actuar. Una actuación que pasa por vigilar y sancionar a las empresas que utilicen a la mujer para conseguir sus ambiciones. Lo contrario, la ausencia de una actuación coordinada y práctica, hará imposible que la igualdad pueda alcanzar las cotas de eficacia y de realidad que pretenden las leyes.

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