La crisis y el "gasto social"
El concepto de ciudadanía está íntimamente ligado al concepto de Estado de bienestar. Aceptamos que todas las personas de una colectividad tienen el mismo derecho a unos determinados niveles de bienestar. Al mismo tiempo, asumimos la responsabilidad del Estado en el logro del bienestar de la ciudadanía. Seguramente esta construcción conceptual es la mayor aproximación que la humanidad ha realizado a una sociedad más justa y, al mismo tiempo, una de las mayores aportaciones que ha hecho la civilización europea al mundo.
En nuestro país, con la aprobación de la Ley de Dependencia a finales del 2006, se produce un cambio sustancial en el sistema de protección social: se inicia el proceso de construcción de un cuarto sistema de protección a añadir a los grandes sistemas ya existentes (sanidad, educación y pensiones). Aunque en su arranque comprende esencialmente la protección en la situación de dependencia, su meta final es el reconocimiento del derecho a la protección por los servicios sociales.
El envejecimiento de la población y el cambio en el modelo familiar han hecho que las tareas de cuidado a las situaciones de falta de autonomía hayan salido del ámbito privado de la familia (de las mujeres) y hoy constituyan una necesidad social de primer orden que exige una respuesta por parte de las administraciones públicas.
Sin embargo, los servicios sociales, y de manera especial la atención a las situaciones de dependencia, son vistos como una política de gasto; seguramente esta perspectiva tiene mucho que ver con un desarrollo histórico ligado a la caridad y la beneficencia, y no al derecho de ciudadanía.
En un contexto de envejecimiento progresivo de la población española y de una demanda creciente de cuidados, cabe plantearse si el reconocimiento de un derecho de atención universal pudiera suponer una carga insostenible para los presupuestos públicos a largo plazo. Justamente por ello, la introducción de este nuevo pilar se realizó con una perspectiva de sostenibilidad: el copago de los servicios y un diseño destinado a generar empleos directos y a liberar a los familiares para que se reincorporaran a la actividad profesional.
Considero que los servicios sociales, y la atención a la dependencia de manera singular, constituyen en la actualidad una de las bolsas de empleo más sólidas y estables. Sirvan unos ejemplos. El desarrollo de los servicios de apoyo en el domicilio requiere la formación de un elevado número de nuevos profesionales, y supone un importante foco de creación de empleo. Por cada tres nuevas personas en situación de dependencia atendidas en el domicilio se genera un puesto de trabajo directo.
El desarrollo de la red de centros de atención conlleva movilizar a la construcción para crear infraestructuras, con la consiguiente generación de empleo. Y supone un potentísimo nicho de empleo en el funcionamiento de los centros. Un empleo fijo, no deslocalizable y de larga duración capaz de incorporar al mundo laboral a miles de personas cuidadoras familiares de difícil empleabilidad. Puede estimarse que se crea un puesto de trabajo directo por cada dos plazas de atención.
El desarrollo de servicios de prevención y promoción de la autonomía, mediante ayudas a la adaptación de viviendas, ayudas técnicas, etcétera, conlleva también una importante actividad económica. A lo que habría que añadir los retornos en términos de IVA, IRPF, ahorro en prestaciones sociales, etcétera, aspectos que se olvidan cuando se habla de políticas de "gasto", pero de enorme relevancia.
Si se tiene en cuenta que en 2015 habrá que atender a 2,5 millones de personas, el potencial económico es más que notable.
Las políticas sociales de un Estado moderno tienen enormes retornos económicos y sociales, y no pueden verse como políticas de "gasto". Un gobierno inteligente y responsable debe ser consciente de que el Estado de bienestar no es el problema, sino que más bien es la solución.
Dolores Gorostiaga es vicepresidenta del Gobierno de Cantabria.
