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Jabyer Fernández y Enrique Guzmán. / SANTOS CIRILO
Los negocios por encima de todo. A esta máxima podría responder la relación empresarial que mantienen todavía el dueño del grupo Afer, Jabyer Fernández, y, al menos, dos de sus ex socios de Iurbentia, una de las sociedades del holding hoy resquebrajado, y a la que pertenecieron como accionistas y de la que se consideran "estafados".
La Hacienda de Vizcaya y el juez José María Eguía se cruzaron sin saberlo dos resoluciones de muy diverso signo en relación con las presuntas irregularidades fiscales cometidas por Iurbenor. Así, mientras el magistrado procedía el 17 de marzo a la imputación de Fernando García Macua por su asesoramiento fiscal en la compañía de la que era consejero y responsable jurídico.
El obispo de Bilbao y nuevo arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, presidió ayer la multitudinaria y emotiva eucaristía en la Catedral de Santiago con la que se despidió de la diócesis bilbaína después de 15 años a su fente. El prelado, rodeado por una treintena de sacerdotes, diáconos y responsables del obispado, reconoció en su homilía que en su mandato ha debido "ejercitar la paciencia".
El popular Jaime Mayor Oreja abrió el camino diciendo, sin aportar ninguna prueba, que el Gobierno central sigue negociando con ETA, y el PNV prontó se apuntó a la teoría. Ayer fue el mismo jefe de filas peneuvista, Iñigo Urkullu, quien siguió remachando ese clavo al mostrar en una entrevista con Europa Press su sospecha de que el Ejecutivo podría mantener "tomas de temperatura" con ETA.
El multitudinario funeral por Eider E. L., Izaro M. P, ambas de 16 años, y Lidia F. G., de 17, que perdieron la vida tras chocar en la noche del jueves el coche en el que viajaban contra una furgoneta en Elgoibar se convirtió ayer en la muestra más palpable del dolor colectivo en el que se sumió Eibar según se fueron conociendo los fallecimientos durante la jornada del viernes.
Los toldos forman parte desde hace más de un siglo de la postal que todos los veranos ofrecen las playas donostiarras y, muy en especial, La Concha. Un informe de este mismo año del Ministerio de Medio Ambiente, en el que insta al Ayuntamiento donostiarra a cumplir la Ley de Costas, ha tenido dos consecuencias directas sobre este servicio.
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