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COLUMNA

El final de la tregua

Lunes de Pascua. Fin de la triple tregua (de los mercados, mediática y parlamentaria) de la que ha gozado el Gobierno por la Semana Santa. Los periódicos de ayer parecían un bálsamo para los socialistas: silencio sobre ellos y leña a la corrupción que cerca al PP como una metástasis en forma de círculos autonómicos. Ahora, el Ejecutivo se confronta con dos fechas que definirán en parte su política económica contra la recesión y el paro: el viernes el Consejo de Ministros aprobará, si no hay nuevos retrasos, el real decreto que incluye las medidas pactadas en el Pacto de Zurbano y aquellas otras que el Gobierno pretende aprobar mediante consensos de geometría variable. Tres días más tarde, en un escenario distinto, presentará a los sindicatos y la patronal su propuesta para la reforma laboral.

En el intervalo de siete días, el Gobierno aportará nuevas propuestas laborales y de política económica

El contexto es muy malo en materia de desempleo, que es la principal preocupación de los ciudadanos. Según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que tan bien dirige Belén Barreiro, el 82,9% (porcentaje récord) de los encuestados piensa que el paro es su gran problema. Ello genera unos niveles de incertidumbre incompatibles con cualquier recuperación. Según el último cuadro macroeconómico del Banco de España, la tasa de paro rondará el 20% de la población activa en 2011, algo incompatible con el despegue de la economía (que ese año sólo crecerá un anémico 0,8%) y con la drástica reducción del déficit público programada (del actual 11,2% del PIB al 3% al principio de la siguiente legislatura). Para la Comisión Europea, la actual tasa de paro en España ya es del 19% (y 40% la de los menores de 25 años), casi el doble que en la eurozona. A pesar de que la experiencia indica que la situación económica no determina siempre el resultado de las elecciones (véanse las experiencias de Felipe González, Chirac, Schröder, Major, etcétera) es muy difícil apostar por la tesis de que con un cuadro macroeconómico así, las del 2012 están por disputar y no las va a ganar la oposición, aunque ésta no disponga de programa económico alternativo.

Al parecer, la propuesta de cambio del mercado de trabajo que maneja el Gobierno irá incorporado un abaratamiento del despido a cambio de mayor protección social, siguiendo el llamado modelo austriaco, y una pequeña rebaja de las cotizaciones sociales. Se verá la respuesta de los agentes.

El cuadro del Banco de España aporta otro dato muy significativo, que refleja las contradicciones de la política económica: con la consolidación fiscal en curso, la gran pagana va a ser la inversión pública: en términos nominales (sin descontar la inflación) se reducirá alrededor del 15% en 2010 y 2011. Lo que significará menor crecimiento del PIB. Es por ello por lo que el ministro de Fomento, José Blanco, busca fórmulas de colaboración público-privadas para aumentar la inversión en infraestructuras sin que afecte al nivel de déficit público.

Si se tienen en cuenta las cincuenta y tantas medidas presentadas por el Gobierno a los partidos en el seno del Pacto de Zurbano y se unen a las más de un centenar del Plan E de los últimos dos años obtenemos una cartografía en la que casi nada falta para estimular a la economía española. De lo que no disponemos es de una auditoría sobre su eficacia. La mayor parte de las mismas son sensatas, como también lo son las que forman la estructura de la Ley de Economía Sostenible para modernizar la economía más allá de la crisis. Pero se sigue sin subrayar la prioridad de la política económica, sin contradicciones en los mensajes dependiendo del auditorio. Urge más que nunca un pacto de Estado, con altura de miras de todos los firmantes, para incrementar los ingresos y disminuir los gastos públicos. Los ingresos sólo podrán aumentar mediante el crecimiento y la creación de empleo, y ello supone no abandonar antes de tiempo los estímulos económicos y acordar un marco de relaciones laborales más eficaz. Y los gastos sólo podrán reducirse mediante una colaboración transversal con las comunidades autónomas, sean del signo político que sean. Esos acuerdos superarán el marco de una legislatura porque la crisis es larga y sus consecuencias afectarán a más de una generación.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 5 de abril de 2010