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La Fiscalía indagará el cobro de 2,2 millones por la recalificación de Lezama

La fiscal jefe de Vizcaya considera que "es un tema serio, de corrupción"

La Fiscalía de Vizcaya va a estudiar el caso del cobro de 2,2 millones de euros por la familia de la alcaldesa de Lezama, la peneuvista Alaitz Etxeandia, por recalificar unos terrenos para la construcción de 52 viviendas. "Es un tema serio, de corrupción", afirmó ayer rotunda a EL PAÍS la fiscal jefe de Vizcaya, Carmen Adán.

Tras leer la información publicada ayer por este diario, la fiscal reconoció que su contenido obliga a iniciar un estudio para determinar si el Ministerio Público abre de oficio una investigación. "Vamos a mirar de qué va este asunto. Hay que valorarlo, estudiarlo y luego decidiremos", apuntó Adán, quien se mostró cauta y no quiso hablar de la comisión de ningún posible delito. "Es un tipo de noticia que puede dar lugar a una investigación de oficio", explicó.

El Superior rechaza dos veces ejecutar el fallo que anula el plan urbanístico

Una plataforma vecinal teme que se repita el caso de los chalés de Barrika

El Ayuntamiento de Lezama recalificó un área de 7.725 metros cuadrados en el centro del municipio, aprobada de manera definitiva desde octubre de 2007. Ocho meses antes, el padre de la alcaldesa, una tía y cuatro primos firmaron un acuerdo con dos constructoras por seis millones de euros, según constata un auto de un juzgado de Bilbao. Dos años después, el acuerdo se cambió y el pago quedó en 5,3 millones, de los que la familia Etxeandia ha percibido ya 2,2 millones. Los 3,1 restantes deberían recibirlos cuando las constructoras tuviesen el terreno disponible para edificar, con todos los trámites administrativos culminados. La fecha límite era el mes de abril de 2011.

Sin embargo, el planeamiento municipal de Lezama, que posibilitó que el solar, catalogado como urbano, pasase a urbanizable, lo que permite construir viviendas, fue anulado en junio pasado por el Tribunal Superior vasco, lo que ha llevado a las constructoras a renunciar al proyecto y, por tanto, al pago de los 3,1 millones pendientes. Ambas empresas reclaman además los 2,2 millones ya abonados a la familia de la alcaldesa.

El llamado solar de Txupetxa es una zona considerada inundable desde 1993 por el Gobierno, calificación que el propio Ayuntamiento no pidió cambiar cuando empezó a tramitar las normas urbanísticas en 2002 e incluso en la aprobación inicial del planeamiento en 2006. Sólo en 2007, pocos días antes de la preceptiva aprobación por el Gobierno, presentó un informe para eliminar la calificación de inundable y convertirlo en urbanizable. En solo cuatro días, la Dirección de Aguas, entonces en manos de EA, modificó su criterio y rebajó la zona inundable,dejando fuera el solar de los Etxeandia. Y ello pese a admitir que el informe municipal "sólo ha podido ser analizado con premura", según rezaba el texto firmado el 20 de junio de 2007 por el entonces director de Aguas, Tomás Epalza.

La anulación por el Superior de todo el planeamiento urbanístico no ha tenido consecuencias.

La plataforma vecinal Lezama Bizirik, que presentó la denuncia aceptada por el Superior, ha pedido la ejecución de la sentencia ante los intentos del consistorio de urbanizar el solar de los Etxeandia. Como el Ayuntamiento ha recurrido el fallo ante el Supremo, podría suceder que dentro de tres años se declarase ilegal una recalificación con viviendas ya construidas, como ha ocurrido en el municipio vizcaíno de Barrika, con 14 chalés en un área de especial protección.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Superior ha rechazado por dos veces la petición de los vecinos, que supondría paralizar el proyecto urbanístico de Txupetxa. En un auto del 10 de diciembre, el tribunal argumentaba que era necesaria la publicación en el Boletín Oficial de Bizkaia. Una segunda resolución, del pasado 17 de febrero, desestimaba la medida porque en este caso debe existir una sentencia firme, así que se debería esperar a la resolución del Supremo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 13 de marzo de 2010