La ONU ha condenado el incumplimiento español del Convenio de Aarhus, que regula la transparencia ambiental. En un informe pionero, aunque no vinculante, da la razón a la Asociación para la Justicia Ambiental y considera que en España se incumplen las normas internacionales de acceso a los expedientes ambientales.

La asociación denunció que un Ayuntamiento, el de Murcia, obligaba a pagar dos euros por cada fotocopia para acceder a un plan -de 600 páginas- para construir una urbanización. Además, los periodos de alegaciones cayeron en verano y navidad. Así, los vecinos que se oponían sufrieron trabas para alegar contra dicho plan urbano.

Este es un caso extremo, pero estas trabas son frecuentes en expedientes ambientales pese a que, por ley, son públicos. "No es sólo un problema local de urbanismo poco transparente sino de democracia ambiental", dice Eduardo Salazar el abogado que llevó el caso.