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El Gobierno da marcha atrás en su intención de regular Google

Industria suaviza al extremo la propuesta de legislación de Internet en la UE

El Gobierno español ha dado un paso atrás en su intención de impulsar una legislación comunitaria que regule la actividad de los buscadores como Google o Yahoo y abra la puerta a que estos "intermediarios de Internet" paguen un peaje por el uso de las redes, tal y como reclaman los operadores de telefonía.

Ese planteamiento inspiraba el documento original de "Estrategia de Granada para una Europa Digital", el informe que va a presentar la presidencia española a finales de abril para sentar los ejes de actuación más importantes a los que tendrá que hacer frente la Unión Europea en materia de telecomunicaciones y sociedad de la información en los próximos cinco años (2010- 2015).

Una propuesta para regular por primera vez a los buscadores y permitir de paso a las compañías de telefonía que obtuvieran ingresos adicionales proveyendo servicios de información similares a los de las empresas de Internet estaba contenida en el primer informe, con fecha 29 de enero.

Dicho informe fue remitido a los ministros de telecomunicaciones y de servicios de información de los países de la UE, así como a la Comisión Europea y al Parlamento de Estrasburgo.

Sin embargo, posteriormente, y coincidiendo con la polémica desatada por el presidente de Telefónica, César Alierta, al advertir en una conferencia en Bilbao, el pasado 5 de febrero, que los buscadores debían ser también regulados, y colaborar en el mantenimiento de las redes, el Ministerio de Industria ha suavizado hasta el extremo su propuesta.

Posibles abusos

Así, un segundo documento, con fecha de 24 de febrero, mucho más reducido, se limita a señalar que "las posibles posiciones de abuso que pudiera haber en los diferentes eslabones de la cadena de valor que vayan más allá de las redes de comunicaciones electrónicas, deberán ser estudiadas y, en todo caso, abordadas desde el punto de vista de defensa de la competencia".

El Ministerio de Industria reconoce que remitió el primer documento a los departamentos homólogos de la UE, pero asegura que "el único documento válido es el del 24 de febrero", según fuentes del departamento. El informe servirá de base a la cumbre de ministros de Telecomunicaciones que tendrá lugar entre el 18 y el 20 de abril en Granada.

El capítulo más jugoso de ese documento de enero es el que se refiere a la neutralidad de la red, un principio fundacional de Internet que afirma que la Red ha de tratar por igual todo el tráfico que circula por ella, y que los operadores no pueden discriminar a ningún proveedor de contenidos, según sus intereses.

Así, en el documento de enero, se indicaba que mientras que el marco regulatorio garantiza suficientemente la competencia en el mercado de redes y servicios de telecomunicaciones, "puede ser insuficiente para garantizar la competencia en los servicios de información", en el que los proveedores con poder significativo de mercado pueden aprovechar su fortaleza en sus respectivos campos para hacerse con el negocio de las compañías de telecomunicaciones.

De esta forma, se recogía exactamente la reivindicación que hacen operadoras como Telefónica. El descontento se centra sobre todo en Google, a quien acusan de aprovechar su dominio en el mercado publicitario online gracias a su buscador, que concentra el 90% de las búsquedas en Internet en Europa, para ofrecer servicios gratuitos como la navegación GPS o las llamadas telefónicas por Internet.

En ese sentido, el documento indicaba que hay que prestar especial atención a los que denomina "intermediarios de Internet", entre los que incluye a "portales, buscadores, proveedores de servicios de alojamiento (hosting) o servicios de computación en la nube (cloud computing)".

Según el informe, estos intermediarios gozan de una situación de ventaja puesto que no tienen prácticamente ningún coste, en particular el de captación de clientes, que sí tienen que afrontar los operadores de acceso a Internet que, además, mantienen las infraestructuras de telecomunicaciones.

Consecuentemente, se pedía un cambio regulatorio para permitir a estos operadores desarrollar modelos de negocio similares a los que emplean las empresas, y conseguir ingresos de esos contenidos para financiar el despliegue de nuevas redes, reduciendo así las necesidades de ayudas públicas. "Obviamente, esta aproximación tiene que venir acompañada con un aumento de las medidas que garanticen la efectiva competencia en la provisión de servicios de comunicación", precisa

No obstante, en el documento de febrero, "por ahora definitivo" (según Industria), se ha quitado toda referencia concreta a las ventajas competitivas de los intermediarios de Internet, y se limita a pedir que se asegure "la competencia efectiva en el mercado convergente de redes, servicios y aplicaciones, que pueda exceder el ámbito de las comunicaciones electrónicas", y a "fomentar la inversión eficiente y la innovación en todos los elementos de la cadena de provisión de servicios".

De la necesidad de crear una regulación específica para buscadores y portales, se ha quedado sólo un ambiguo párrafo: "El nuevo marco regulatorio se centra en las redes por lo que quizás no tenga en cuenta el conjunto de implicaciones sobre la inversión, la innovación y el beneficio para los ciudadanos".

Esta dulcificación de la postura inicial española, alimenta aún más la polémica si se tiene en cuenta que el ministro de Industria, Miguel Sebastián, apoyó públicamente la propuesta de Alierta, primero en el Congreso Mundial de Móvil celebrado en Barcelona en febrero y, posteriormente, en la última reunión sectorial de ministros que tuvo lugar en Bruselas.

Cuestión de tamaño

La dicotomía entre los representantes de la economía real (operadores de telecomunicación) y virtual (empresas de Internet) también se refleja en su tamaño y en sus variables financieras.

Así, Google vale en Bolsa 130.800 millones de euros, más que operadoras como Telefónica (82.425 millones) o Vodafone (85.820 millones), y muchísimo más que su competidor Yahoo (16.883 millones). Sin embargo, sus ingresos en 2009 fueron de 17.260 millones de euros, tres veces menores que los de Telefónica (56.731 millones), y el beneficio neto del buscador alcanzó los 4.760 millones, frente a los 7.776 millones que ganó la multinacional española.

Las quejas de las compañías telefónicas, casi todas herederas de las redes de los antiguos monopolios, es que mientras invierten ingentes cantidades para mantener y modernizar esas infraestructuras, las empresas de Internet apenas realizan inversiones.

La inversión de Google disminuyó en 2009 un 65% pese a que sus ganancias netas aumentaron un 54%. La inversión total del buscador ascendió a 595 millones de euros. Telefónica, sólo en España, invierte el triple de esa cantidad y más de diez veces en todo el mundo.

En cuanto al empleo, también las empresas de Internet tienen mucha menos necesidad de mano de obra, tanto en cifras absolutas como en ingresos por empleado. Así Google apenas alcanza los 20.000 trabajadores en todo el mundo, frente a los 255.000 que emplea Telefónica o los 80.000 de Vodafone.

Al margen de gigantes como Google o Yahoo, la mayor parte de las empresas de Internet como Facebook o Spotify se mueven en la absoluta opacidad puesto que, al no cotizar, no ofrecen casi ningún dato financiero.

Antes y después

- Documento de 29 de enero. "Todo esto justifica un análisis de posibles cambios en el marco regulatorio que permita a los operadores de servicios, en circunstancias especificas, desarrollar modelos de negocios similares, basados en two-sided market (mercados de externalidades cruzadas), a los que emplean actualmente los intermediarios de internet, de modo que puedan emplear parte de los beneficios procedentes de servicios de información para financiar el despliegue de nuevas redes, reduciendo la necesidad de financiación publica".

- Documento de 24 de febrero. "Asegurar la competencia efectiva en el mercado convergente de redes, servicios y aplicaciones, que pueda exceder el ámbito de las comunicaciones electrónicas. La posibles posiciones de abuso que pudiera haber en los diferentes eslabones de la cadena de valor que vayan más allá de las redes de comunicaciones electrónicas, deberán ser estudiadas y, en todo caso, abordadas desde el punto de vista de defensa de la competencia".

* Este articulo apareció en la edición impresa del Martes, 9 de marzo de 2010

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