Islandia debe 3.700 millones de euros a los británicos y a los holandeses por los desmanes de sus grandes bancos en los últimos años. Su Gobierno llegó a un acuerdo para pagar esa cifra en 15 años y al 5,5% de interés, de manera que cada familia tiene que asumir unos 40.000 euros. Su presidente, Olafur Grimsson, decidió que ése era un trato leonino y convocó un referéndum para el próximo sábado. Pero puede que no se celebre: el ministro de Finanzas, Steingrimur Sig-fusson, y la primera ministra, Johanna Sigurdardottir, anunciaron ayer que el Ejecutivo negociará in extremis con británicos y holandeses para mejorar el trato, lo que invalidaría -o al menos pospondría unas semanas- la consulta.

El resultado del referéndum es crucial para la economía islandesa, necesitada de las ayudas del FMI y de los grandes países escandinavos para salir de una recesión profunda, con un desplome del consumo y del PIB y una devaluación de más del 30%.