El Ejecutivo ultima la Mesa de Diálogo Civil
A pesar de las discrepancias existentes, el Gobierno quiere elevar el rango del diálogo con las asociaciones del tercer sector que se dedican a la intervención social. Para ello, tiene previsto presentar a lo largo del presente mes de marzo una Mesa de Diálogo Civil, en la que se sentará con las principales federaciones del sector.
El Departamento de Asuntos Sociales, dirigido por Gemma Zabaleta, ya ha mantenido cuatro reuniones en fase de pruebas antes de darle a la mesa un perfil más público, a imagen y semejanza de la Mesa del Diálogo Social, donde se sienta con la patronal y las centrales no nacionalistas -ELA y LAB se niegan a participar-.
En este diálogo civil participan una decena de federaciones y coordinadoras de ONG, entre ellas la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de Euskadi (EAPN), la coordinadora de ONG para inmigrantes Harresiak Apurtuz, de la que ELA salió el año pasado; la ONCE, la Federación Vasca de Asociaciones en favor de las personas con discapacidad intelectual (FEVAS); la Red de Economía Alternativa y Solidaria de Euskadi (REAS) y la Coordinadora de ONG de Desarrollo de Euskadi.
El Gabinete quiere institucionalizar la relación con las asociaciones
Una de las cuatro primeras reuniones de la citada mesa se convirtió casi en un monográfico sobre la reordenación de las subvenciones del Departamento de Asuntos Sociales. El viceconsejero, Fernando Fantova, recalca que en todo momento han intentado buscar cierto consenso en la reordenación de las ayudas.
"Somos conscientes de que hay incertidumbres y miedo en el sector, pero si había que parar esto, se habría parado en septiembre, cuando les trasladamos el borrador. Algunas de sus alegaciones fueron incluidas", resalta el viceconsejero.
Asuntos Sociales también rechaza que la reordenación sea una manera encubierta de reducir el presupuesto para subvenciones. Si se suman las 20 líneas de subvención que el Gobierno ha reagrupado ahora con la nueva normativa, argumenta Fantova, el presupuesto disminuye un 12,9% hasta 9,6 millones, pero hay que tener en cuenta que el Ejecutivo ha asumido varias tareas antes incluídas en las subvenciones, como los puntos de encuentro familiar o algunos proyectos de drogodependencia.
