Hernández reabre el expediente a Telmo Martín por sobreprecios en Vigo
El archivo judicial devuelve el caso Construcuatro a la vía administrativa
Al conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, no le ha quedado otro remedio que tomar una decisión probablemente dolorosa: expedientar a su compañero de partido y amigo personal, Telmo Martín, por el presunto cobro de sobreprecios en viviendas sociales de Navia, en Vigo. Una vez confirmado el archivo de la causa judicial, al no encontrar la Audiencia Provincial de Pontevedra materia penal en el caso, la Xunta ha levantado la suspensión de la causa administrativa contra Construcuatro, que puede acabar en una multa de un millón de euros, la devolución de las comisiones ilegales y la inhabilitación para edificar vivienda protegida durante seis años.
Fue la Consellería de Vivenda, entonces dirigida por la nacionalista Teresa Táboas, la que abrió en septiembre de 2007 el expediente a Construcuatro, la inmobiliaria que pertenece en un 33% al presidente local del Partido Popular de Pontevedra. La razón era la investigación abierta por un juzgado de Vigo, basada en las denuncias de 32 compradores de viviendas que pagaron hasta 33.000 euros de más para hacerse con los pisos protegidos. Pero las propias indagaciones judiciales, que pasaron después a la Audiencia Provincial, obligaron a Vivenda a "suspender" el expediente en julio de 2008.
La inmobiliaria se expone a un millón de multa y devolver las comisiones
A pesar de que el caso fue archivado en primera instancia, el anterior Gobierno vio en la investigación judicial un respaldo a favor de aplicar la máxima sanción a Construcuatro. Esta opinión se sustenta en que el auto incluía entre los hechos probados y avalados por las pruebas practicadas el cobro de sobreprecios, aunque descarta delitos penales por considerar que no medió violencia, amenaza o engaño.
También el auto que dictó posteriormente la Audiencia Provincial constató que, aunque los sobreprecios, acordados como "mejoras" no efectuadas, no figuraban en la escritura pública ni en el contrato de compraventa, sí aparecían en los libros de contabilidad y facturas de la constructora. Sin embargo, la resolución reza: "Todos los afectados accedieron a la entrega de las cantidades solicitadas en el breve período de tiempo que se les daba para ello, alegando que les interesaba adquirir las viviendas a ese precio, tal y como estaba el mercado". Y descarta "cualquier tipo de fuerza o intimidación que haga considerar la existencia de coacción de relevancia penal".
Pero las consideraciones de tipo penal tendrán poca relevancia en el expediente administrativo, que se basa en si hubo o no sobreprecios, tal y como se desprende de la investigación judicial. Así, el informe policial encargado por el juzgado de instrucción señala que, de las conversaciones grabadas, "se deduce claramente que esa cantidad de dinero negro sería repartida entre el intermediario, José García Tilve, y Construcuatro, de manera que la empresa se llevaría unos 20.000 euros por la venta de cada piso". Esa cantidad, sumada a lo recabado por el intermediario, supondría un 20% del total del precio oficial de los pisos de Construcuatro en Navia, ubicados en el número 25 de la calle Teixugueira.
De concretarse las propuestas de sanciones, no sería la primera vez que la Administración autonómica multa a una inmobiliaria y le impide construir vivienda protegida. Ocurrió con la sociedad Vigolar, que también cobró sobreprecios en el mismo polígono vigués de Navia.
