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Reportaje:

Papeles para la inocencia del poeta

Seguidores de Miguel Hernández recaban pruebas para la nulidad de su pena

La condena a muerte de Miguel Hernández, dictada por el régimen franquista, sigue vigente siete décadas después. El centenario del nacimiento del poeta más universal que dio Alicante se celebrará este año con este pesado lastre judicial. Salvo que el Tribunal Supremo admita un recurso de revisión y nulidad de la condena.

"El tema no es fácil, no hay precedentes. La ley es muy estricta para abrir paso a la revisión de condenas, pero con Miguel Hernández tenemos esperanzas fundadas y puntos a favor", apunta Carlos Candela, el abogado que asesora a la Comisión Cívica para la Recuperación de la Memoria Histórica, colectivo que apoya a los familiares en esta ardua batalla jurídica.

El primer objetivo del colectivo y de la familia, que es la que debe personarse ante el Supremo, es hacer acopio del mayor número de avales posibles. Los avales eran documentos oficiales de personas influyentes en el franquismo que certificaban ante el régimen la buena conducta de los condenados o de los encarcelados. Documentos que en su día se emitieron pero que no se tuvieron en cuenta en las diligencias de juicio sumarísimo al poeta.

"El fiscal general debería valorar el caso y presentar un recurso de nulidad"

En el juicio contra Miguel Hernández se tiene constancia de un aval presentado por el abogado Juan Bellod, secretario provincial de Milicia y de las Jons de Valencia, en el que se refiere al poeta como "persona de inmejorables antecedentes, generosos sentimientos y honda formación religiosa y humana". Bellod atribuye el contenido de su poesía a "su excesiva sensibilidad y temperamento poético" y a que es "fácilmente influenciable por conocimientos y personas". El abogado garantiza "plenamente su conducta y actuación, así como su fervor patriótico y religioso", y no considera al poeta "capaz de haber intervenido en hecho delictivo alguno". Otro aval, inédito y que se acaba de localizar, lo firma el escritor José María de Cossío, y también se tienen noticias de otro firmado por Luis Almarcha, canónigo de Orihuela y obispo en León. En una carta del 22 de agosto del poeta a su mujer, Josefina Manresa, explica: "He recibido un certificado de Luis Almarcha. No es gran cosa lo que dice, pero servirá a mi abogado defensor probablemente". Y otro testimonio es del cardenal francés Baudrillard, que en un encuentro con Pablo Neruda, según relata en sus propias memorias, le habló de su amigo encarcelado Miguel Hernández. El cardenal se comprometió a escribir a Franco. "No sabemos si se llegó a escribir o dónde está esta carta", admite el periodista Enrique Cerdán Tato, miembro de la Comisión Cívica. "Pero es evidente que habrá más avales que certifiquen la buena actitud del poeta", apunta Candela. Los documentos que servirían para anular la pena al poeta pueden estar en cualquier parte. De momento, han empezado a buscar en los archivos de la Fundación Francisco Franco, en el Museo José María de Cossío (Cantabria), en la catedral de León, en la Fundación Miguel Hernández de Orihuela y en el Archivo Municipal de Elche, donde está su legado pesonal.

El 18 de enero de 1939 el poeta Miguel Hernández fue juzgado y condenado a muerte por un tribunal militar. Su delito, para el régimen franquista, fue escribir versos, convertirse en el poeta del pueblo y ser republicano. Seis meses después y con el peso durante todo ese tiempo de estar condenado a muerte, el 25 de julio, Franco conmutó esta pena por 30 años de cárcel. El poeta jamás confesó a su mujer que fue condenado a muerte; la versión familiar era que estaba encarcelado para 12 años. Miguel Hernández murió cumpliendo esta condena, que está vigente precisamente cuando todas las instituciones se preparan para celebrar por todo lo alto su centenario.

Para evitar que esto suceda, los herederos del poeta, encabezados por Lucía Izquierdo, la nuera y representante legal, y los miembros de la Comisión Cívica de Alicante, han empezado a preparar un recurso que presentarán ante el Supremo, que hasta ahora ha rechazado todas las peticiones de revisión de penas franquistas. "El problema es que se presentaban como apelación. Nosotros intentamos presentar pruebas nuevas que acrediten que los fundamentos de la sentencia no son ciertos", explica Candela respecto a las peticiones que han sido rechazadas.

Sin embargo, en el caso del proceso sumarísimo contra Miguel Hernández hay algunas nuevas pruebas que podrían servir para probar su inocencia. "La ventaja que tenemos es que hay mucha documentación sobre el poeta, se guardaron casi todos los papeles", agrega Candela. "Llevamos cuatro meses buscando cartas, documentos y papeles inéditos que acrediten que el poeta del pueblo no mató a nadie, no hizo daño a nadie, y sólo se dedicó a escribir", explica Cerdán Tato.

Con todo, la Comisión Cívica y la familia ya han ganado una primera batalla en pos de la recuperación de la memoria el escritor. El Ministerio de Justicia aprobará de manera "inminente" el expediente 09-000-785 de "reparación y rehabilitación" de la memoria de Miguel Hernández, que contempla el artículo 4 de la Ley de Memoria Histórica. "Pero esa reparación es insuficiente, debemos conseguir anular una sentencia peregrina e injusta", añade Cerdán Tato. "Es importante que el Gobierno haga pública su complicidad con la inocencia del poeta. El fiscal general del Estado debería estudiar, valorar y presentar un recurso de nulidad", apunta Manuel Parra, también miembro de la Comisión.

Recuperar la dignidad

El caso del poeta Miguel Hernández no es único. Otros alicantinos que fueron condenados y perseguidos por el franquismo empiezan a recuperar su dignidad gracias a la Ley de la Memoria Histórica. Ese es el caso de Miguel Villalta, fusilado el 18 de diciembre de 1942 en las proximidades del actual cuartel de Rabassa. El juez de instrucción, abogado y diputado socialista entre 1936 y 1939 fue acusado de un delito de adhesión a la rebelión.

El catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Alicante Glicerio Sánchez, lamenta "el conjunto de maldades" que sus enemigos proyectaron sobre él, y cita como ejemplo la crónica sobre su detención del diario Información del 28 de octubre de 1942: "Miguel Villalta, bien tristemente conocido en Alicante, pertenecía a la Judicatura de la cual fue expulsado, se dedicó a la política, en la cual encontró ancho campo para codicias e inmoralidades... Está acusado de haber controlado diversas brigadillas de milicianos de las que se dedicaban a practicar detenciones y asesinatos...". Su padre, Francisco Villalta, también fue encarcelado, y murió entre rejas a los 70 años. Elisa Villalta se dirigió al Ministerio de Justicia y en julio pasado recibió sendas declaraciones de reparación y reconocimiento personal de su tío carnal y su abuelo. "Ahora ellos recuperan la imagen de honradez que las autoridades y prensa franquista les habían arrebatado", apunta Sánchez.

El comisario del centenario del poeta, el profesor de literatura José Carlos Rovira también padeció "persecución y prisión por razones políticas, siendo injustamente condenado". Y el 9 de junio el ministro de Justicia expedía a su favor una declaración de reparación y reconocimiento personal.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 28 de febrero de 2010

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