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Columna
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Pactos

Enrique Gil Calvo

De nuevo estamos ante otro giro estratégico de Zapatero (que no es el único en improvisar, pues ahí están las eurodudas ante la crisis griega de Merkel et alia para demostrar que en todas partes cuecen habas). Si hasta hace poco su estrategia se fijó como objetivo de crisis garantizar la cohesión social mediante un pacto keynesiano con los sindicatos fundado en el gasto público deficitario (todo ello vendido con el marketing de la nueva Economía Sostenible), ahora, tras el jueves negro que hundió la bolsa española por efecto contagio del colapso griego, se ha visto obligado a dar marcha atrás con un brusco giro de 180 grados. Stop al gasto keynesiano deficitario y vía libre al ajuste duro presupuestario, como única forma de atajar la pérdida del crédito internacional, vitalmente necesario para poder refinanciar en los mercados externos el coste creciente de la deuda pública española.

Menos mal que quedan nacionalistas para salvar España ante la deserción de los españolistas

Y ello tanto más cuando ahora el ciclo de tipos bajos de interés toca a su fin, tras la decisión de la FED estadounidense de volver a subir su tasa de descuento. Lo cual indica que ya se ha iniciado la segunda fase de la crisis financiera internacional. De 2007 a 2009 estábamos inmersos en la fase A, causada por el riesgo de impago de la deuda privada (hipotecas dudosas, fondos tóxicos, etc.): una fase que se resolvió inyectando liquidez con gasto keynesiano deficitario para sanear la deuda privada mediante planes de aval y rescate garantizados por los Tesoros nacionales. Pero ahora entramos en una nueva fase B, esta vez causada por el riesgo de impago de la deuda pública.

Es el nuevo riesgo de insolvencia soberana que afecta sobre todo a los países menos competitivos. Como España, que financió su boom inmobiliario con cargo al exterior, dada la barra libre que proporcionaba el euro con sus tipos de interés por debajo de nuestra tasa de inflación. Lo cual se venía a añadir además al ingreso gratuito de ingentes fondos estructurales y de cohesión, procedentes de las arcas europeas, alemanas especialmente. Pues bien, la fiesta del EuroMed ha terminado, y ahora toca apretarse el cinturón para aprender a trabajar con mayor competitividad y sin ayuda exterior, como único modo de pagar deudas saneando nuestras cuentas públicas y privadas.

Es verdad que el ajuste estructural que precisa la economía española no es tan duro como el de la griega, que amenaza con ser intervenida por las autoridades monetarias europeas. Pero si bien nuestro margen de maniobra es mayor, por lo que no hay tanta urgencia, lo cierto es que nuestro volumen económico también es incomparablemente superior (tras pasar de 12 millones de población activa a 22, absorbiendo cinco millones de mujeres y otros tantos de inmigrantes), pues también aquí puede decirse que el tamaño importa. Grecia puede ser eurizada (es decir, rescatada e intervenida por el EuroGrupo), pero no así España, que resulta demasiado grande tanto para poder rescatarla como para dejarla caer. Y en esa encrucijada, ¿qué podemos hacer?

Aquí es donde aparece la necesidad de proceder a acordar un gran pacto de Estado: unos nuevos planes de La Moncloa o quizás unos planes de La Zarzuela, como también se los podría llamar si el inquilino de La Moncloa demostrase no tener la suficiente capacidad de convicción como para negociarlos por sí solo. De momento, el presidente ha creado una comisión ministerial basada en el capital político del ministro de Fomento (¿para aprovechar su impulso ascendente o para neutralizarlo?) y presidida por la vicepresidenta que sedujo al Financial Times. Pero ¿será suficiente? Aquí es donde cabe recordar de nuevo la conveniencia de que el señor de La Moncloa, y no el de La Zarzuela, adopte la máxima de Almodóvar: hable con ellos, a ser posible de hombre a hombre, y tanto con los sindicatos como, sobre todo, con Rajoy.

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Pero los precedentes son sombríos. El 14 de diciembre pasado (ominoso aniversario) fracasó la IVª Conferencia de Presidentes, convocada por La Moncloa para alcanzar un compromiso de lucha contra el desempleo. Un compromiso ofrecido por el Gobierno a última hora de la reunión que los barones territoriales del PP se negaron a asumir, encabezados por Esperanza Aguirre ("no nos responsabilizaremos con el Gobierno de España"). Lo cual sienta un pésimo precedente, si tenemos en cuenta que el ajuste estructural que precisamos pasa necesariamente por el ajuste autonómico. Por eso es de temer que ahora, con estos nuevos pactos de La Zarzuela que se proponen, suceda exactamente igual, si quienes tienen poder de veto (los barones territoriales no sólo del PP) se empeñan en hacerlos fracasar. Menos mal que, como dudoso consuelo, nos quedan los nacionalistas, prestos a salvar la solvencia de España ante la probable deserción de los españolistas.

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