El Departamento de Vivienda insiste en centrarse en la regeneración de pisos, en vez de apostar por la construcción de nuevos inmuebles. Y la reflexión es compartida por la mayoría de los agentes, según se puso de manifiesto en la segunda jornada del denominado Pacto Social por la Vivienda, la iniciativa del Gobierno que quiere implicar a promotores, consumidores y organizaciones sociales para consensuar la nueva Ley de Vivienda.

A principios de esta década, según los datos aportados ayer, había en Euskadi casi 90.000 viviendas con diferentes deficiencias, desde un estado ruinoso hasta problemas solucionables.

El consejero Iñaki Arriola apostó por una "nueva política de reintervención en la ciudad construida" y un cambio de mentalidad frente a la edificación masiva de pisos protegidos. "La política de rehabilitación tiene que tener un peso específico en los presupuestos que no ha tenido hasta ahora", dijo y llamó a la colaboración con los ayuntamientos.