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PUNTO DE OBSERVACIÓN
Columna
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Por la escuela pública

Soledad Gallego-Díaz

Una de las mejores noticias políticas de esta legislatura es el intento del actual ministro de Educación, Ángel Gabilondo, por forjar un pacto para la reforma de la educación que englobe no sólo a las dos fuerzas políticas capaces de alcanzar el Gobierno de la nación (PSOE y PP), sino también a los Gobiernos de las comunidades autónomas, que, de acuerdo con la Constitución, son las encargadas de gestionar el sistema educativo. La sociedad española lleva tanto tiempo reclamando ese pacto y los partidos políticos llevan tanto tiempo asegurando que están dispuestos a alcanzar un consenso básico que es posible que nadie se arriesgue en estos momentos a sabotear el esfuerzo.

Desaprovechar esta ocasión, precisamente en un momento en el que se atraviesa una feroz crisis económica cuyas peores consecuencias, a medio plazo, sólo podrán ser evitadas haciendo más eficaz al sistema educativo, sería traicionar a la ciudadanía en su conjunto. Una traición mucho más real y desmoralizadora que cualquiera otra de las que se pregonan y anuncian cada día en algunos medios de comunicación. Si esta vez, en estas amargas circunstancias, no es posible lograr un acuerdo, la culpa será tanto de los partidos que provoquen la ruptura o congelen los avances como de la propia sociedad, incapaz de valorar el daño que sufriría y de presionar a sus representantes para que, aunque no olviden sus desavenencias, dejen fuera de la mesa los enfrentamientos y consigan un marco básico de acuerdo. Quienes, desde los medios de comunicación o los partidos, jaleen la pelea y alienten exigencias imposibles serán quienes realmente atentarán contra el futuro de este país.

El Estado es el que debe impulsar la defensa de la enseñanza pública y resaltar su papel frente a la privada

Promover el consenso no quiere decir, sin embargo, renunciar a participar en el debate con propuestas y análisis razonados. Uno de los documentos más interesantes que circulan estos días en los medios educativos es el presentado por el colectivo Lorenzo Luzuriaga (www.colectivolorenzoluzuriaga.com). Una de las mayores preocupaciones de este colectivo es el papel y el futuro de la escuela pública, que no tiene nada que ver con la enseñanza gratuita, sino con la utilización de la educación como la vía para vertebrar un país desde un punto de vista social, intercultural e interterritorial, garantizando los principios de igualdad y cohesión.

El debilitamiento de la escuela pública nace generalmente en el debilitamiento del Estado, que no incluye sólo a las instituciones centrales, sino también a las comunidades autónomas o poderes federales. Evitar la debilidad del Estado supone que sus instituciones actúen de forma coordinada, lo que en el caso de la educación implica conceder un papel mucho mayor a la Conferencia Sectorial que reúne al ministro y a los consejeros de Educación de las diferentes comunidades y que es el órgano encargado de aprobar y de poner en marcha la programación general de la enseñanza. Cualquier reforma producto del pacto que se negocia ahora debería ser implementada por ese Consejo Sectorial.

Fortalecer la escuela pública supone también reconocer, y fortalecer, el papel del Gobierno central en el ejercicio de sus propias competencias, algo que hasta ahora se ha olvidado casi por completo. El colectivo Lorenzo Luzuriaga hace constar que transcurridas tres décadas desde la distribución de competencias, el ejercicio real de las mismas ha dificultado la definición de cualquier plan de carácter nacional de mejora de la educación. El problema, señala, ha estado sobre todo en el propio Ministerio de Educación, que, sea cual sea su color político, no ha ejercido con la responsabilidad que debiera las competencias atribuidas por la Constitución y las leyes orgánicas, y se ha centrado sólo en la ordenación general del sistema, descuidando sus funciones de liderazgo y de supervisión del sistema educativo descentralizado. Es el Gobierno central y el Estado, como garante de la igualdad y cohesión, quienes deben impulsar la defensa de la red de escuelas públicas y quienes han debido resaltar su papel frente a las escuelas privadas concertadas.

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