Imputados por narcotráfico un militar y un guardia civil
La Fiscalía Antidroga ha formulado una acusación contra los presuntos integrantes de una red de vendedores de cocaína que operaba desde Pontevedra y distribuía mercancía en comunidades como el País Vasco. Un guardia civil, un cabo de la Armada y un funcionario de la Diputación son los principales responsables de una red en la que aparecen implicadas otras cinco personas que operaban como intermediarios, casi todos vecinos de localidades de la ría de Arousa.
Daniel Meaño Cores, de Ribadumia y funcionario de la Diputación de Pontevedra; Javier Ferreiro Vázquez, guardia civil destinado en el País Vasco, y Javier González Bouzada, cabo de la Armada en Ferrol, se enfrentan, cada uno, a 11 años y 3 meses de prisión y multa de un millón de euros por delito contra la salud pública. Los tres fueron detenidos en 2007, en una operación dirigida por la Unidad de Delicuencia y Crimen Organizado y el Greco de Galicia, coordinadas por un juzgado de Vilagarcía, en la que se controló la entrega de cinco kilos de cocaína que iban a ser vendidos en el País Vasco.
En la investigación se ha podido constatar que Meaño Cores, de 30 años, operaba como presunto distribuidor de cocaína. En los registros que realizó la Policía en su domicilio de Ribadumia se intervinieron 175.000 euros, una máquina de contar dinero así como agendas de contactos. En total se incautaron 18 teléfonos móviles y cuatro vehículos que utilizaban para el transporte de la droga.
Desde 2005, Daniel Meaño era operario de fontanería del organismo provincial y en el complejo hospitalario Principe Felipe. Es primo de la mujer del presidente Rafael Louzán, que le contrató para desempeñar estos servicios hasta que tuvo que suspenderle de empleo y sueldo a la espera de conocer el fallo de los tribunales. El cabo de la Armada, vecino de Vilanova de Arousa, hacía de intermediario y vendía sustancias estupefacientes a toxicómanos. El guardia civil fue contratado por una red de vendedores radicada en el norte de la Península para recoger y pagar la mercancía.
Las actividades continuadas de los detenidos fueron descubiertas a raíz de una redada policial en la que fueron arrestadas otras cinco personas, distribuidores de la cocaína que supuestamente suministraba Daniel Meaño. Se trata de Manuel Pérez Iglesias, Juan Antonio Iglesias Bouzón, Juan Antonio Núñez Iglesias, Francisco Javier Prado y Francisco Javier Tourís Santórum. El fiscal solicita para cada uno penas de seis años de prisión y multas de 6.000 euros por el mismo delito.
