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Los nuevos funcionarios estarán tres meses a prueba

La Generalitat acorta el plazo para acceder a la renta mínima de inserción

Los nuevos funcionarios de cualquier administración pública de Cataluña deberán pasar un periodo de pruebas de tres meses, como mínimo, después de aprobar las oposiciones. La duración de este plazo dependerá de la importancia del puesto y serán sus superiores o un tutor de la Escuela de la Administración Pública quienes evalúen al empleado. Ésta es una de las novedades que introduce el proyecto de ley de medidas en materia de ocupación pública que ayer aprobó el Gobierno catalán.

El texto también prevé que las administraciones reserven un 15% de puestos de trabajos abiertos a la movilidad. "La ley pone las bases de un nuevo modelo basado en la objetividad, el mérito, la eficiencia y la especialización" de los empleados públicos, defendió la consejera de Trabajo, Mar Serna, aunque el texto cuelga del Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas.

CC OO reprocha al Gobierno no haber consensuado la ley con los sindicatos

El nuevo texto fue duramente criticado por CC OO, que en una nota reprocha al Gobierno que no haya consensuado la ley con los agentes sociales. Sobre la evaluación del periodo de pruebas, el sindicato alerta de que "abre la puerta a la más absoluta discrecionalidad". También critica la "abdicación" del Gobierno -"ante la presión de las asociaciones municipalistas"- de su "obligación y deseo de establecer reglas comunes en la creciente galaxia de entes municipales: empresas públicas, consorcios, fundaciones, etcétera". Comisiones señala que estas entidades quedan fuera de la aplicación de la nueva normativa y alerta de que en borradores anteriores de la ley estaban incluidas. Por último, el sindicato se muestra preocupado por "la desaparición del cuerpo de subalternos [personal de las categorías inferiores], muy numeroso", y teme que dará paso a externalizar sus funciones.

El Gobierno catalán también aprobó mejorar el acceso a la renta mínima de inserción (RMI) de las personas que se han quedado sin trabajo y han agotado cualquier fuente de ingresos, de forma que para solicitarla no será necesario computar los ingresos del último año, sino los de los últimos seis meses. De manera excepcional, a partir de junio y durante un año sólo computarán los últimos cuatro meses. Actualmente cobran la RMI 22.000 personas y el presupuesto aumenta este año un tercio respecto a 2009. Serna afirmó que si la partida de casi 100 millones de euros no es suficiente para cubrir la demanda, habrá fondo de contingencia.

* Este articulo apareció en la edición impresa del Miércoles, 13 de enero de 2010