Orden audiovisual
Casi quince años ha costado sacar adelante una Ley General Audiovisual que ordene un mercado que durante todo este tiempo ha estado marcado por transformaciones profundas. La próxima tendrá lugar en apenas tres meses, cuando se produzca, el 3 de abril, el apagón analógico; y ésa es justamente la fecha que el Gobierno ha tomado como referencia para acelerar los trámites parlamentarios de la nueva norma.
Con ella, varias leyes relativas a la industria audiovisual quedarán derogadas y su articulado supondrá una importante mejora en la protección de los menores, como es la prohibición de emitir en abierto contenidos pornográficos y de violencia gratuita o las restricciones a la publicidad de productos que promuevan el culto al cuerpo. Se incorporan las normas establecidas para la TDT de pago que el Gobierno aprobó en pleno mes de agosto pasado, con una urgencia inapropiada, y se introducen nuevos límites a los tiempos de emisión de publicidad.
La esperada ley ordena el panorama y crea el organismo que velará por su cumplimiento
Probablemente, la novedad más determinante del proyecto es la creación del Consejo Audiovisual, que velará por el cumplimiento de la ley. Era una carencia que empezaba a ser una anomalía frente a otros países europeos y frente a comunidades autónomas españolas que ya disponen de organismos semejantes. Su creación es importante porque si algo ha caracterizado a las normas en vigor es su incumplimiento casi sistemático, en especial en lo que a los tiempos de emisión publicitaria se refiere, lo que le ha valido a España constantes reprimendas de la Comisión Europea. Se han sentado, además, las bases para dotar de eficacia la persecución y cierre de emisoras sin licencia, un fenómeno muy extendido que lesiona los intereses de las estaciones de radio legales.
La nueva normativa nace con dos escollos. Por una parte, la premura con la que el Gobierno ha obligado a los grupos políticos a abordar un cambio legislativo que requería tiempo y transparencia. En su lugar, La Moncloa envió al Congreso el anteproyecto de ley en octubre, lo que ha obligado a tramitar hasta ayer en tiempo récord más de 600 enmiendas, a pesar del plante de casi todos los grupos políticos el pasado 22 de diciembre que obligó a aplazar los trámites hasta enero.
El segundo escollo es la cuestión de inconstitucionalidad planteada en diciembre por el Tribunal Supremo contra la obligación de que televisiones y operadores de telecomunicaciones destinen un 5% de sus ingresos brutos a financiar el cine español y europeo. El texto incorpora este mandato, que se aplica desde 1999, e incluso eleva, en el caso de los operadores públicos, como RTVE, hasta el 6% el porcentaje que tendrán que destinar a tal fin. La objeción del tribunal, que estima que esta obligación es contraria a la libertad de empresa, no invalidaría la nueva ley, pero la dejaría coja al poco de echar a andar en caso de que se pronuncie definitivamente en contra.
