Los centros elegirán cómo llevar el testimonio de víctimas de ETA a las aulas

La consejera de Educación, Isabel Celaá, zanjó ayer en el Parlamento vasco la polémica sobre cómo acercar los testimonios de las víctimas del terrorismo a las aulas, defendiendo la autonomía de los centros a la hora de decidir la forma de hacerlo, aunque manteniendo la obligación de trasladar estas vivencias a los más jóvenes. Por su parte, el consejero de Interior desveló que su departamento y la UPV trabajan en la elaboración de un convenio para reforzar la seguridad y ayudar a eliminar los carteles y pintadas a favor de ETA en los campus.

Isabel Celaá salió al paso del debate político generado en los últimos meses sobre la conveniencia de trasladar de forma directa a los colegios los testimonios de las víctimas de terrorismo dentro de la asignatura Educación para la Ciudadanía. Darlos a conocer será obligatorio en los colegios, pero la elección de la fórmula concreta de acercar esta realidad a los alumnos quedará en manos de los centros. A pesar de esta libertad, Celaá no ocultó sus preferencias y añadió que su departamento sigue abogando, al igual que el PP, porque se produzca una relación directa entre las víctimas y los escolares, porque eso sólo "sería contraproducente si no tuviéramos una comunidad, una aula educativa lo suficientemente preparada". La consejera de Educación incidió en la importancia del trabajo en torno a este tema previamente a la exposición de los testimonios. Celaá se posicionó así ante una interpelación formulada por Mari Mar Blanco (PP) en el pleno de control de ayer.

Educación para la Ciudadanía recogerá los relatos de los afectados

La opción de propiciar que los escolares puedan escuchar las vivencias de las víctimas por su propia boca se ha encontrado con las reticencias de Aralar, PNV y EA, que defienden el uso de otros medios, como los audiovisuales, para evitar el contacto directo. La iniciativa se enmarca en la revisión del Plan Vasco de Educación para la Paz y los Derechos Humanos 2008-2011 que varios departamentos del Ejecutivo están realizando. Según se avanzó desde el Ejecutivo en julio, el plan actual, realizado por el tripartito, cuenta con una "insuficiente radicalidad en sus planteamientos y no acaba de confiar plenamente en el testimonio de las víctimas del terrorismo como elemento pedagógico". Fuentes de Educación confirmaron que los cambios se darán a conocer en su totalidad durante el primer trimestre de 2010.

En el pleno de ayer, el consejero de Interior, Rodolfo Ares, anunció que su departamento y la UPV trabajan en la redacción de un convenio para "garantizar la seguridad de los usuarios, empleados e instalaciones" de la universidad pública a la hora de retirar carteles y soportes que se refieran a ETA o a las organizaciones ilegalizadas de su entorno.

En la actualidad, los servicios de seguridad privados se encargan de este aspecto en los tres campus vascos, pero desde el Ejecutivo y la UPV se ve la necesidad de impulsarla y de "reforzar la retirada". Ares anunció este convenio durante la respuesta a una interpelación del parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, quien aseguró haber recibido denuncias sobre carteles y pintadas proetarras en las instalaciones universitarias. El consejero aclaró que son los servicios de seguridad y los de limpieza los encargados de la retirada, ya que la Ertzaintza sólo puede actuar en el campus si lo pide el Rectorado. No obstante, reiteró que ambas partes trabajan en la redacción del convenio. Del texto poco se sabe, ya que ni el Departamento de Interior ni portavoces de la UPV detallaron su contenido.

Por otro lado, el PP ha solicitado la comparecencia del rcctor Iñaki Goirizelaia, para que explique el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional por la anulación del protocolo que permitía a los presos de ETA cursar estudios en la UPV. Los populares critican que la universidad gaste "recursos públicos" por su "cabezonería" en querer otorgar "beneficios· a los etarras.