La Xunta consolida las plazas de cientos de trabajadores por mandato judicial

Decenas de sentencias judiciales han obligado a la Xunta a consolidar las plazas de cientos de trabajadores. El director general de Función Pública, José María Barreiro, no dio un número exacto, pero aseguró que buena parte de los 670 empleados que figuraban como personal laboral han consolidado su puesto gracias a sentencias condenatorias, "todas ellas de hace más de dos años".

La oferta de empleo público de 2009, que el Consello de la Xunta aprobará este jueves, incluirá además 167 nuevas plazas, que se corresponden con la tasa de reposición del 30%, para cubrir las "necesidades más acuciantes" de la Administración gallega. En total, se dará el visto bueno para la publicación de 937 plazas. De ellas, 247 corresponden a personal funcionario, 670 serán de personal laboral y otras 20 son plazas ya aprobadas por el anterior Gobierno en una ampliación de la convocatoria de 2008, pero que no habían sido publicadas.

Entre las nuevas plazas, Barreiro aseguro que "se centran en temas que hoy se están haciendo por asistencias técnicas". El objetivo, dijo, es disponer de personal funcionario para desempeñar tales funciones y que dichas asistencias sean "sólo las que contempla la ley".

Barreiro también habló de las medidas que ha puesto en marcha Facenda para evitar nuevas filtraciones de pruebas en las oposiciones: "Los exámenes se fotocopian en dependencias de la Administración y por personal funcionario".

Uno de los últimos casos de filtración de exámenes se produjo el pasado mes de septiembre, cuando tres hermanos se situaron entre los cinco primeros puestos en una oposición. El director general dijo que este asunto está "sujeto a una investigación judicial" y que "no es momento de hacer declaraciones que la perturben".

Precisamente ayer, la Fiscalía de Santiago dio a conocer la denuncia que ha interpuesto en relación con este asunto. Según un comunicado, vista la duplicidad de las pruebas y las puntuaciones prácticamente idénticas, resulta obvio que "los querellados lograron obtener el texto de ambos exámenes o de las plantillas de respuestas con anterioridad a la práctica de los ejercicios. Dicho texto constituye, de acuerdo con la normativa en materia de convocatorias de empleo público, un secreto y se obtuvo de los respectivos tribunales empleando medios o personas que la instrucción judicial debe determinar, en todo caso, sin la participación de quien integraba los mencionados tribunales".