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El PSOE afirma que no se cerrarán 'webs' sin orden del juez

Un Rajoy 'bloguero' acusa al Gobierno de querer censurar Internet

El debate de la 'ley antidescargas' que prepara el Gobierno sigue acumulando capítulos. El activismo internauta y la utilización de la revuelta digital como arma arrojadiza por parte del PP, obligaron ayer al PSOE a remachar la declaración de que no se cerrará ninguna página web sin orden judicial.

El vicesecretario general del PSOE y ministro de Fomento, José Blanco, aprovechó la inauguración de un tramo de autovía en Santiago para remarcar que "en ningún caso" se aplicará ninguna medida restrictiva en Internet sin que medie la autorización de un juez. "Ya ha dicho el presidente del Gobierno que en ningún caso se cerrará ninguna página web si no hay autorización judicial, por tanto está todo dicho".

Eduardo Madina: "Zapatero ha tenido que hacer de bombero"

Peces Barba pide "un grupo de jueces" que se dedique a las 'webs'

Blanco intentaba aplacar el nuevo conato de incendio que despertó la ambigua declaración de De la Vega al término del Consejo de Ministros del viernes, en la que no dejó claro si el Gobierno iba a renunciar a crear una Comisión de Propiedad Intelectual, dependiente del Ministerio de Cultura, con potestad para bloquear webs de enlaces que permiten la descarga de archivos protegidos como películas o canciones, tal y como señala la disposición final de la Ley de Economía Sostenible. "En la ley hay una propuesta que no ha sido bien entendida o bien explicada", indicó el ministro.

El secretario general del grupo socialista en el Congreso, Eduardo Madina, consciente de que la polémica ha causado un olor a chamusquina en el Gobierno y en el partido, reconoció, en declaraciones a la cadena SER, que Zapatero "ha tenido que hacer de bombero" en este asunto, coincidiendo con Blanco en que todo se trata de un nuevo fallo de comunicación.

Para añadir más leña al debate, el ex presidente del Congreso de los Diputados, Gregorio Peces-Barba, propuso ayer la creación de "un grupo de jueces" que se dedique en "exclusiva" al bloqueo o cierre de las páginas webs que realicen actividades ilegales. En declaraciones a Onda Cero, uno de los padres de la Constitución indicó que se trataría de un "proceso rápido" y especial, de forma que las denuncias no se atascaran en los juzgados como ocurre con gran parte de las denuncias.

De esta forma, se respetarían los derechos fundamentales pero dando una solución al problema. "Las opiniones en Internet son ejercicios de libertad de expresión. Dejamos muy claro en la Constitución que sólo mediante una actuación judicial se puede intervenir en relación con la libertad de expresión", alegó.

La idea planteada por Peces-Barba tiene muchas similitudes con el modelo francés, en la que el Hadopi (acrónimo francés que corresponde a Alta Autoridad para la Difusión de Obras y la Protección de Derechos en Internet), una autoridad administrativa compuesta por magistrados, tiene la potestad de suspender la conexión a la Red a los internautas que realicen descargas masivas sin autorización de archivos protegidos por derechos de autor.

La que ya se conoce en el mundo internauta como la "ley de la patada en el router" se ha instalado en el terreno de la esquizofrenia política. El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, acusó ayer al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero de perseguir con esa legislación la creación de una auténtica censura en la Red, que vulnere los derechos fundamentales de expresión y de intimidad.

"Vamos a estar muy atentos a la tramitación de la ley. No quiero que cierren mi blog y seguir comunicándome con todos vosotros. Le voy a recomendar a Zapatero que abra un blog, y en cuanto lo abra, automáticamente deja de crearnos problemas a todos", afirmó ayer el líder del PP en su videoblog Rajoy en acción colgado en la web del PP y dirigido a los "internautas".

La paradoja de que Rajoy use los argumentos de los blogueros antiPP es aún mayor si se tiene en cuenta que fue el grupo popular, con el eurodiputado Alejo Vidal-Quadras como cabecilla, el que negoció con la Comisión Europea y votó luego en el Parlamento de Estrasburgo hace dos semanas la eliminación de la enmienda que imponía la obligación de la intervención previa de un juez para cualquier restricción de una página web. El Europarlamento, con los votos a favor del grupo socialista e incluso del Partido Pirata sueco, dejó en manos de los Estados la decisión de elegir si era una autoridad administrativa o judicial la encargada de controlar las webs.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 6 de diciembre de 2009