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La negociación para liberar el atunero

Los piratas y los grillos

Según se han desarrollado los acontecimientos en los últimos días, cabría preguntarse si la liberación del Alakrana puede ser obra tan sólo de las gestiones del Gobierno y no, además, de una condición esencial que ha faltado hasta ahora: la discreción de todas las partes involucradas. El Ejecutivo, por descontado, al que habría que permitir trabajar sin necesidad de que explique minuto a minuto cuáles son las vías de negociación y las ofertas que pone sobre la mesa. Pero también la justicia, la oposición y las familias, aun con absoluta comprensión hacia su angustia. Sea cual sea el desenlace de este dramático episodio, y hay que confiar en que no sea otro que la devolución de los rehenes sanos y salvos, debería producir sonrojo el hecho de que los secuestradores cuenten con la trifulca en España como uno de sus principales instrumentos de negociación. Hasta el punto de que, desde hace algunos días, permiten que los secuestrados se comuniquen con la prensa, no con sus familias, y deciden su estrategia en función de las reacciones que observan y de las que están puntualmente informados.

Las exigencias de los piratas se lanzan directamente al Gobierno

El secuestro no ha terminado y, por tanto, no ha llegado la hora de las responsabilidades. De momento, las únicas que están claras son aquéllas hacia las que nadie señala: las de los piratas. Son ellos, y sólo ellos, quienes han provocado esta situación; por tanto, sería a ellos, y sólo a ellos, a quienes cabría dirigir exigencias, si es que, en un nuevo arrebato de locura, nos dejásemos llevar por la insensata quimera de que una banda de bucaneros atiende a razones, por más que se expresen a grandes gritos. En un caso así, se trata de que quien está institucionalmente obligado a negociar en nombre de un país sobrecogido lo haga en las mejores condiciones posibles. Pero, para escarnio de todos, lo que este mes largo de secuestro ha provocado es exactamente lo contrario: las exigencias de los piratas se lanzan directamente contra el Gobierno, debilitando su posición, de forma que son los piratas quienes están en las mejores condiciones posibles para negociar.

A lo largo del fin de semana, los familiares del Alakrana han convocado manifestaciones de apoyo a los secuestrados, colocando bajo presión, no sólo al Gobierno, sino también a la Audiencia Nacional. Precisamente porque todos los ciudadanos nos solidarizamos con ellos y porque reconocemos y hacemos nuestro su sufrimiento, es por lo que deberíamos atrevernos a decirles que esas iniciativas tal vez no contribuyan a una rápida solución. Cuanto mayor sea la presión pública sobre el Gobierno, y ahora también sobre la Audiencia, menor será el interés de los piratas por aceptar cualquier salida. En la estrategia de tahúres que desarrollan en la negociación, el tiempo empieza a jugar a su favor: la presión política y ciudadana sobre las instituciones hace que prolongar el secuestro se convierta en un mecanismo infalible para exigir aumentos en el rescate o para añadir nuevas condiciones, al dar por descontado que el Gobierno no podrá resistir el flanco que se le abre en la retaguardia. Mucho más si a ese flanco acuden además, como han hecho irresponsablemente hasta ahora, algunos partidos de oposición.

La Audiencia, por su parte, reclamó la entrega de dos piratas que participaron en el secuestro del Alakrana modificando el criterio por el que, poco antes, había rechazado procesar a otros 13, también procedentes del Índico y apresados por la Armada en el marco de la Operación Atalanta. La explicación jurídica que ha trascendido es que, en el caso del Alakrana, las víctimas eran españolas, condición que no se cumplía en el caso anterior. No parece, sin embargo, un argumento congruente en ambas actuaciones judiciales: la razón que se alegó para no procesar a los 13 piratas no fue la nacionalidad de sus víctimas, sino el tipo penal aplicado. Entonces se consideró piratería, un delito que no contempla el Código Penal y que, por tanto, no pueden juzgar los tribunales españoles. A los piratas del Alakrana, en cambio, se les imputa asociación ilícita, tenencia de armas y robo. Mientras se mantengan estos tipos penales, la Audiencia Nacional tiene escaso margen de maniobra para dejar en libertad a los detenidos, y redoblar la presión pública sobre ella sólo sirve, como en el caso del Gobierno, para reforzar la posición negociadora de los piratas.

En este momento, hay una veintena de barcos secuestrados en el Índico y 190 rehenes de las más diversas nacionalidades. La única liberación que se está negociando en medio de una jaula de grillos, seguramente para asombro y regocijo de los piratas, es la del atunero español Alakrana.

* Este articulo apareció en la edición impresa del Lunes, 9 de noviembre de 2009