El infractor acorralado

A muchos no les gustaron los anuncios televisivos que encargó la Dirección General de Tráfico para intentar rebajar las muertes en la carretera. Tampoco gustó demasiado que se incrementaran los controles por alcoholemia y por exceso de velocidad. Lo del nuevo permiso por puntos sacó de las casillas a más de uno, mientras otros se enfurecían por el incremento de radares o por el endurecimiento del Código Penal. Ahora, la nueva Ley de Seguridad Vial, que nace con el afán de reducir los accidentes y que aprobó el jueves pasado el Congreso, producirá (ha producido ya) una nueva cadena de reacciones furibundas de los conductores que se ven cada vez más acorralados y con menores oportunidades de escabullirse de unas normas que nacen con la vocación de ser efectivas. Esta vez, lo que la reforma pretende atajar es la facilidad con que los infractores se evaden de pagar las multas. La DGT ha calculado que más del 30% de las sanciones se quedan sin cobrar.

Si todas las medidas que se han puesto en marcha recientemente no hubieran sido efectivas, la vuelta de tuerca que supone la nueva ley en el afán de castigar con efectividad a quienes no cumplen los reglamentos quizá fuera más discutible. En los últimos cinco años, sin embargo, el número de víctimas en la carretera se ha ido reduciendo año tras año -entre 2003 y 2008 ha habido 5.000 muertos menos; el porcentaje de mortalidad ha bajado un 20,3% entre 2007 y 2008- con lo que se ha podido ver algo de luz en lo que parecía una pesadilla de la que no se iba a despertar nunca. El carné por puntos, los radares, los controles, el endurecimiento penal en relación a los delitos cometidos al volante (suponen ya el 44,1% del total), por impopulares que sean, han colaborado en la urgente tarea pendiente de reducir los accidentes viales.

Todavía queda mucho por hacer (este año han muerto hasta el 29 de octubre 1.604 personas en accidentes de tráfico). Para quienes perciban tras la nueva ley otra oportunidad para que los ayuntamientos recauden, conviene señalar que su mayor desafío es el de cercar, sobre todo, a esos conductores que sortean el pago de las multas. La utilización de nuevas tecnologías para facilitar los procedimientos de información y pago, la reducción (hasta un 50%) de la cuantía de la multa si se abona en el (acaso un tanto escaso) margen de dos semanas, la rapidez (30 días) para ejecutar la sanción o la dureza de castigar a cuantos llevan inhibidores de radar son medidas que se articulan en ese sentido.

La voluntad de destinar la cuantía recaudada por el Estado a financiar actuaciones en materia de seguridad vial, prevención de accidentes y ayuda a las víctimas merece subrayarse. Si los conductores colaboran a hacer viable una legislación más eficaz a la hora de cobrar las multas no estaría de más que percibieran que el dinero que pagan por sus infracciones está sirviendo para algo.