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COLUMNA

Corromper la economía

Los corruptos degradan la política. Y dañan a la economía. Imitando a Keynes, alguien debiera escribir un tratado sobre Las consecuencias económicas de la corrupción.

Mientras llega, apuntemos algunas que se producen, en todo o en parte, en los casos actuales.

La corrupción desacredita los sistemas públicos de contratación. Añade a las obras sobrecostes de efectos inflacionarios (¿el famoso 3% que denunció Pasqual Maragall?). Alimenta el déficit, al hinchar las partidas de gasto. Erosiona la conciencia fiscal (con peligro para la recaudación), al desincentivar al contribuyente pulcro, que constata el mal uso de (parte) de sus impuestos. Distorsiona la competencia entre empresas licitadoras, generando oligopolios subterráneos. Inhibe el aumento de la competitividad, al dedicar energías a esquivar las, falseadas, ventajas competitivas de aquéllos. Ralentiza o paraliza la toma de decisiones por las Administraciones económicas. Pone en riesgo instituciones y empresas.

Caja Madrid, Gürtel, Millet y otros casos erosionan empresas y falsean el mercado

El diccionario de la RAE distingue dos conceptos de corrupción. El primero, digamos light, consiste en el hecho de "alterar y trastocar la forma de alguna cosa" (primera acepción), o de "echar a perder, depravar, dañar, podrir" (segunda). Sólo en la tercera acepción recoge la idea popular, hard, "sobornar a alguien con dádivas". O sea, meter indebidamente en el bolsillo, propio o ajeno, dinero, habitualmente público.

La corrupción light es caldo de cultivo propicio para la hard. Suele inquietar menos, por su menor o nulo impacto judicial o moral, y porque se produce más bien en el ámbito de la decisión y la responsabilidad política: cuando se interviene en lo que no se debe o no se actúa donde procede. Pero económica e institucionalmente no es menor.

Es evidente que el folletón de Caja Madrid amenaza con "alterar" y "pudrir" la cosa. Casi todos los responsables políticos de esa comunidad, desde Esperanza Aguirre a Tomás Gómez, están contraviniendo la Ley (31/85) sobre Órganos Rectores de las Cajas. Su artículo 20 atribuye la competencia exclusiva para nombrar presidente, no a Mariano Rajoy, sino al Consejo de Administración; y la de elegir a sus miembros, a los consejeros generales (artículo 14/a). Al usurpar ilegalmente sus funciones, desnaturalizan la institución. Y quizá acaben erosionando su cuenta de resultados, como actuaciones parecidas han erosionado al Tribunal Constitucional o a los organismos reguladores. Intervenciones que no tocan.

Otra decisión que no tocaba: los gobernantes (encabezados por Jordi Pujol) que eligieron en junio de 1983 a Félix Millet presidente ejecutivo del Consorcio del Palau de la Música, sabían que sólo un mes antes había sido procesado y encarcelado por estafa (fue condenado, en 1984, por falsedad) en el caso Renta Catalana. De aquellos polvos...

Asunto de distinto grado es la corrupción directamente hard. Conviene dirimir si es episódica (afecta a escasas personas) o sistémica (corroe instituciones). En el caso Gürtel, todo indica (su operativa, sus ramificaciones territoriales, las vinculaciones de altos dirigentes del PP) que es sistémica. En el asunto del Palau, hay evidencias de que Millet actuaba como la caja B del conglomerado CiU/Fundación Trias Fargas.

Y en la red catalana desventrada por Baltasar Garzón también apuntan indicios graves. De que el poder metropolitano del PSC sea un queso de apariencia gruyère y olor a recalificaciones roquefort, y de que la tolerancia infinita de la época Pujol (Macià Alavedra es su tercer consejero de Economía con problemas judiciales personales) fuese una escuela autominada de heterodoxia.

Bien está la presunción de inocencia en la que se enroca CiU, como hizo antes (y ahora) el PP con los hombres-correo de Correa. Pero ¿no debe ser modulada, por cuanto el dinero de Alavedra y Prenafeta cuyo destino investiga Garzón procedía del sospechoso origen del paraíso fiscal de Jersey? ¿Cómo y cuándo se acumuló? ¿Acaso se declaró al fisco?

El overbooking de corrupciones no debe conducir al populismo de la antipolítica. Hay tratamiento. Uno es el socorrido (quizá necesario) expediente de las reformas legales: endurecimiento de penas, incremento de transparencia de las fundaciones, mayor vigilancia a la correcta financiación de los partidos.

Pero mil reformas no bastarán. Urge un cambio cultural de muchos políticos, por el que se autoimpongan el imperativo de cumplir la norma, el espíritu de la ley y el simple mandato de la sensatez. Urge también volver a poner el énfasis en la lucha contra el fraude fiscal, y en su dotación. Porque es abono, puente y fruto de todas las corrupciones.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 29 de octubre de 2009