Una patata caliente que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, trata de enfriar implicando al Banco de España. Que la decisión final sobre las cajas no sólo compete al Gobierno gallego es algo que Feijóo repite a menudo. Todavía el jueves, cuando la prensa le preguntó en Ourense por la movilización de sectores empresariales de la provincia de Pontevedra en contra de la fusión de Caixanova y Caixa Galicia, el presidente aludió a las conversaciones que mantiene con el supervisor bancario.

Ese es el mensaje que Feijóo lanza hacia fuera. Deja claro que la solución -y con ella también sus posibles costes electorales- será compartida, convencido como está de que la oposición espera un resbalón para abalanzarse sobre el Gobierno. La influencia del diagnóstico del Banco de España desactivaría al menos el discurso del PSOE, puesto que el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, es una designación de Zapatero.

Puertas adentro, para evitar que el partido devenga en un avispero y estalle la batalla localista, Feijóo ha ordenado silencio a los dirigentes de A Coruña y Vigo, a quien ha prometido que su decisión perseguirá únicamente garantizar la fórmula más viable para las entidades financieras. La presidenta del PP vigués, Corina Porro, de momento mantiene silencio y se compromete a no hacer casus belli, según fuentes de su entorno, que explican que la responsable del Puerto estudiará detenidamente todos los papeles. Otra cosa es la posición del presidente del PP pontevedrés, Rafael Louzán, que ya ha hecho saber a su partido que es contrario a la fusión de Caixanova y Caixa Galicia.

La paz interna entre los populares depende de que la solución sobre el futuro de las entidades bancarias no se demore demasiado. Feijóo teme que la contaminación de intereses en A Coruña y Vigo monopolicen la campaña de las municipales de 2012.