Las posibles ilegalidades urbanísticas cometidas en el Ayuntamiento de Almogía (Málaga) no son un caso de corrupción. Así lo aseguró ayer el subdelegado del Gobierno en Málaga, Hilario López Luna, quien explicó que por corrupción se entiende aquella situación en la que un responsable público ha cobrado dinero a cambio de alguna decisión ilegal, cohecho o soborno. "Está confirmado que nadie ha metido la mano en Almogía", apostilló.

Al alcalde, Cristóbal Torreblanca (PSOE), la Guardia Civil le imputa presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental en la tramitación de expedientes urbanísticos, pero aún no ha pasado a disposición judicial ni hay ningún pronunciamiento ni del fiscal ni de la juez instructora. Torreblanca anunció el martes, cuando la Guardia Civil registró el Ayuntamiento en busca de documentación, que si era imputado presentaría su dimisión como alcalde y diputado provincial y se daría de baja en el PSOE.

No obstante, su abogado, José Carlos Aguilera, explicó ayer que se es conveniente esperar qué derroteros toma la investigación, recién iniciada y con una imputación provisional y no judicial.

Ayer declararon ante la Guardia Civil dos concejales del PSOE y otros dos funcionarios. Los cuatro quedaron en libertad con cargos. De momento, ya han testificado 10 personas sobre la tramitación de expedientes de disciplina urbanística en Almogía, entre ellos dos policías locales que también están imputados.