¿Consolidación fiscal para 2012?
El proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), documento fundamental para explicar la política económica del Gobierno, es demasiado optimista en sus previsiones, tanto en lo referente al cuadro macroeconómico que enmarca sus actuaciones como en sus previsiones de ingresos para el próximo año. Pero lo más sorprendente es la voluntarista previsión en la reducción del déficit público.
Los requerimientos de la Comisión Europea para el cumplimiento de las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento sitúan el horizonte deseable en 2012, debiendo reducir en ese año el déficit actual al 3% del PIB. El tiempo de permisividad se ha acabado en el momento en que las principales economías europeas comienzan a recuperarse. A partir de ahora, las políticas fiscales deberán reconducirse a la ortodoxia, estableciendo una estrategia de consolidación presupuestaria.
Lo más sorprendente es la voluntarista previsión en la reducción del déficit público
Por supuesto, el Gobierno ha tenido que acatar este principio en su principal documento de política económica. A partir de una estimación de un déficit consolidado de las administraciones públicas del 9,5% del PIB en 2009, que con los datos oficiales de ejecución presupuestaria hasta agosto ya resulta optimista, las previsiones de déficit para años sucesivos se sitúan en el 8,1% en 2010, 5,2% en 2011 y 3% en 2012.
Sin embargo, España tiene más difícil su cumplimiento que otros países de la UEM en los que, a pesar de las políticas expansivas de apoyo contra la crisis de sus Gobiernos, no se han alcanzado déficits tan abultados como el español. Las estimaciones para 2009 son: Alemania (3,7% del PIB), Francia (6,7% del PIB), Italia (5,3% del PIB) y zona euro (5,6% del PIB).
Las dificultades para cumplir con las previsiones son de dos tipos: las que se refieren a los aspectos coyunturales del ciclo económico y las que son de carácter estructural. Entre las primeras están, en primer lugar, por el lado de los ingresos, la recuperación de la recaudación impositiva cuando el ciclo cambia, y por el lado de los gastos, la supresión de ayudas establecidas con carácter temporal y el retorno a sus niveles normales de las transferencias que los presupuestos aportan a las familias a través de las prestaciones sociales por actuación de los llamados estabilizadores automáticos. Las dificultades estructurales son más complejas y recaen sobre todo en el apartado de los gastos comprometidos de las Administraciones Públicas.
La variable fundamental es el ritmo de crecimiento de la economía medido internacionalmente por el PIB. Si el ritmo o tasa de crecimiento es inferior al esperado por el Gobierno, tal y como apuntan los organismos internacionales (FMI, OCDE, Comisión Europea) y los analistas económicos, la recaudación de impuestos (IRPF, sociedades, IVA) no se recuperará tanto como se espera. Otro efecto de un menor crecimiento del PIB es sobre el pago por prestaciones de desempleo, a la vez que se obtienen menores ingresos en la Seguridad Social al reducirse o crecer menos las afiliaciones.
En cuanto a la reducción futura del déficit estructural, que es el que refleja las deficiencias de fondo de nuestro modelo económico, no será posible si no se aplican las reformas a medio plazo ya demandadas por todos los organismos nacionales e internacionales, del mercado laboral, de las administraciones públicas y de algunos sectores económicos como el de la energía, el sistema financiero, algunos servicios de transportes de mercancías (ferroviario y por carretera) y la educación y formación.
Por tanto, las dificultades son muchas. De momento, los indicadores económicos reflejan con tasas menos negativas cierta moderación de la crisis, pero las tendencias continúan a la baja y no se espera alcanzar datos positivos hasta finales del año 2010. Esto quiere decir que va a ser difícil alcanzar los aumentos de recaudación previstos, a pesar del aumento de impuestos anunciado.
Sería necesario establecer un plan creíble de austeridad que en el corto plazo recorte los gastos no productivos tanto del Estado como de las comunidades autónomas y corporaciones locales, con un compromiso serio de encaminarse hacia la estabilidad presupuestaria. También sería importante establecer el compromiso de que el incremento de recaudación debido al aumento de los impuestos se dedique a la reducción del déficit y no a incrementar los gastos. Por último, y en contra de algunas opiniones recientes, acometer una reforma que mejore la calidad del mercado laboral en materia de contratación y negociación colectiva, haciendo posible la recuperación del empleo y la reducción del paro.
Carmen Alcaide es analista económica y ex presidenta del INE.
