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Las Juntas de Guipúzcoa se dan seis meses para aclarar el 'caso Glass-Bravo'

Todos los grupos respaldaron la puesta en marcha de la comisión de investigación

Las Juntas Generales de Guipúzcoa aprobaron ayer por unanimidad la creación de la comisión especial de investigación del caso Glass-Bravo, que estudiará las implicaciones políticas de las acusaciones por delitos tributarios que relacionan a Víctor Bravo -ex director foral de Hacienda-, Rufino Eizaguirre -funcionario de la Diputación- y a otras cuatro personas con la supuesta domiciliación fiscal fraudulenta de la empresa catalana Glass Costa Este Salou S.L.

La comisión, solicitada por todos los grupos forales guipuzcoanos, fue constituida ayer por un plazo de seis meses prorrogables para aclarar las implicaciones que pudiera haber sobre el caso en la Hacienda foral guipuzcoana y sus funcionarios y dirigentes, actuales y pasados. Las sesiones, que comienzan la próxima semana, se sumarán a la investigación abierta por la vía penal en el Juzgado de Instrucción número 1 de San Sebastián, tras la acusación de la Fiscalía a mediados de junio. Dos inspectores de Hacienda han declarado ya ante el juez sobre el supuesto fraude en la domiciliación fiscal de la empresa Glass en San Sebastián para obtener ventajas irregulares en la tributación. La Fiscalía señala en su acusación a Bravo y Eizaguirre -socios de la compañía con el 7,1% de las acciones-, como colaboradores en el supuesto fraude, que el ministerio fiscal cifra en 2,15 millones de euros, aunque la Agencia Tributaria estatal ha solicitado la ampliación de la querella.

LAB exigió que paguen todos los responsables del supuesto fraude
"¿Esta es la base del iceberg o sólo la punta?", preguntó Astudillo

La comisión creada ayer es la segunda de este tipo en las Juntas Generales en tan sólo dos años. "Resuenan los ecos del informe anterior", apuntó en el pleno de ayer el portavoz socialista, Julio Astudillo, refiriéndose al caso de la Hacienda de Irún. Eso es lo que más preocupa a los junteros, según se desprendió de sus intervenciones. Las acusaciones que han impulsado la creación de este grupo están cargadas de repeticiones: la Hacienda foral vuelve a estar en el punto de mira tras el caso de fraude en la oficina tributaria de Irún, en el que el principal imputado es José María Bravo, hermano de Víctor Bravo. Además, el propio ex director estuvo en el punto de mira por aquel entonces por descuidar el control de la Hacienda foral y vuelve a estarlo ahora en calidad de imputado por diversos delitos, junto con otras cinco personas, entre ellas su mujer, Arantza Arbelaitz, Rufino Eizaguirre y el accionista mayoritario de la empresa investigada, Fernando González Enfedaque.

Todos los grupos junteros (PSE-EE, PNV, Hamaikabat, PP, EB, Alternatiba y Aralar) coincidieron en lanzar el mensaje de "tolerancia cero" a los delitos fiscales y muchos expresaron su preocupación, resumida en una pregunta lanzada por Astudillo: "¿Esta es la base del iceberg o sólo la punta?". Juan Carlos Cano (PP) afirmó tener la convicción de que "no va a ser la última" vez que se dé un episodio similar.

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El grupo popular no logró que las comparecencias y las sesiones sean abiertas. Pero sí se eximirá a los componentes de la comisión del deber de guardar secreto, y las sesiones de aprobación del informe de conclusiones y del informe final serán públicas.

A pesar de que aún no han trascendido los nombres de los miembros de la comisión ni de quien la encabezará, desde el PNV y Hamaikabat confirmaron ayer que aceptarán la candidatura de Astudillo (PSE) -ya dirigió la comisión de la Hacienda de Irún-, en caso de que se presente. Si desvelar este extremo, Astudillo subrayó que esta comisión contará con la ventaja de la experiencia adquirida con la comisión anterior para llevar a cabo su tarea.

Mientras se celebraba el pleno, en el exterior de las Juntas Generales alrededor de veinte personas exigieron, convocadas por LAB, el esclarecimiento de los fraudes y que "paguen todos sus responsables", señaló la secretaria general del sindicato, Ainhoa Etxaide. Según esta central, las conclusiones del informe del caso de Irún carecieron de consecuencias.

Las claves

- Glass Costa Este Salou S. L. es una empresa inmobiliaria con domicilio fiscal en San Sebastián que está siendo investigada por falsearlo para beneficiarse de la tributación guipuzcoana. Su accionista mayoritario confesó a los inspectores de Hacienda que la verdadera sede está en Cambrils (Tarragona).

- La Fiscalía acusó a Víctor Bravo -ex director de la Hacienda guipuzcoana, ex senador del PNV y accionista de la empresa- y a otras cinco personas por el supuesto fraude. Con la sede en San Sebastián, Glass logró la calificación de sociedad de promoción de empresas. Con esta condición se beneficiaría de importantes ventajas en el Impuesto de Sociedades. El supuesto fraude a la Agencia Tributaria estatal se ha cifrado en 2,15 millones.

.LOS DELITOS:omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación, cohecho y delitos contra la Hacienda Pública

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