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Cumbre de Pittsburgh

El debate sobre el reparto de poder en el FMI se encona

Alejandro Bolaños

"Hay un imperativo político y moral para afrontar ya la reforma del FMI". El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, lanzó su proclama en la asamblea general de la ONU, el pasado miércoles. El Fondo, uno de los claros ganadores de esta crisis, ha recuperado legitimidad y recursos financieros gracias a las cumbres del G-20. Y hay acuerdo en que los países emergentes deben aumentar su representación en los órganos de poder. Pero la cuestión embarra cuando se discute quién debe ceder votos. El conflicto ha resucitado y sitúa en posiciones opuestas a EE UU y Europa.

Estados Unidos ha asumido buena parte de las exigencias de las principales economías emergentes al plantear que se les ceda "al menos un 5%" de los derechos de voto. China, India, Rusia y Brasil exigieron hace un mes que esa cesión llegue al 7% para fijar un reparto paritario del poder entre las economías avanzadas y el resto del mundo. Para EE UU sale gratis: son los países europeos los que tienen una representación superior a su peso económico. Además, el Gobierno estadounidense abandera que el comité ejecutivo pase de 24 a 20 miembros, una reducción que se haría a costa de Reino Unido y Francia. Según informó ayer el diario Financial Times, ambos gobiernos rechazan los planes estadounidenses.

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Los países europeos esgrimen que el FMI acaba de cerrar una reforma (aprobada en 2008), que ya supuso una cesión de derechos de voto a China y Brasil. Y ponen sobre la mesa que EE UU, con un 17% de los votos, aún mantiene el poder de veto sobre las principales decisiones del Fondo. Pero los emergentes no aflojan la presión y recuerdan que acudieron con prestancia al requerimiento del FMI para aumentar sus recursos, al comprometer más de 50.000 millones en la primera emisión de bonos del organismo.

El conflicto amenaza con dar al traste con la decisión compartida de elevar las competencias del FMI. EE UU propone darle un "papel significativo" en juzgar si las decisiones de los gobiernos son coherentes con el fin de lograr un crecimiento más equilibrado.

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