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Editorial:

Dívar escurre el bulto

Otra huelga de jueces amenaza a la justicia cuando el Gobierno afronta su informatización

La apertura del año judicial ha coincidido con la aprobación por el Gobierno de un concreto plan de modernización de la Administración de justicia, cuyo objetivo principal es acabar de una vez con una de sus carencias más sorprendentes y graves en los tiempos actuales, como es la deficiente o nula informatización de sus órganos jurisdiccionales y de sus métodos de trabajo. Es un problema que lastra desde hace decenios el funcionamiento de la justicia, ralentizando todavía más sus premiosos ritmos de trabajo y que es causa de gravísimos daños a los ciudadanos, a veces de difícil reparación, como se puso de manifiesto en el caso del asesinato de la pequeña Mari Luz.

Llama la atención, por ello, que el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, se haya referido sólo de pasada a este plan -mayor atención le ha merecido al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido- y que haya dejado pasar la ocasión de recordar su importancia y la necesidad de no frustrar las expectativas del mundo de la justicia y de los ciudadanos. Pues, además, y en relación con ese plan, se ciernen de nuevo amenazas de huelga por parte de los jueces, en esta ocasión procedentes de la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura. No habría estado mal que Dívar, además de animar a los jueces a superar "pasajeras situaciones de desánimo o incertidumbre", hubiera apelado a su responsabilidad. A la citada asociación judicial le va a resultar difícil explicar a los ciudadanos por qué su rechazo al movimiento huelguístico del pasado mes de febrero, animado desde algunas juntas de jueces convertidas en comités de huelga, se convierte ahora en llamada a la huelga del 8 de octubre, justo cuando existe un plan concreto de modernización de la oficina judicial, evaluado en 600 millones de euros y comprometido para un periodo de tres años. El silencio de Dívar podría interpretarse como un complaciente dejar hacer en un ámbito del Estado, el jurisdiccional, en el que está en juego el amparo de derechos básicos del ciudadano.

El presidente del Tribunal Supremo ha creído más oportuno arropar a sus compañeros de la Sala de lo Penal ante las críticas suscitadas por su actuación en la querella contra Garzón por abrir una causa penal por los crímenes del franquismo. Críticas que se han referido más bien al carácter temerario e infundado de la querella, a su evidente sesgo ideológico, que a la reconocida independencia de los "dignísimos magistrados" de la Sala de lo Penal del Supremo. Y que, en todo caso, están lejos, por su templanza, de la virulencia de las que acostumbran a recibir los no menos "dignísimos magistrados" de la Audiencia Nacional en su labor jurisdiccional contra el terrorismo, la corrupción política y económica y el narcotráfico, y que, por ello mismo, habrían sido merecedores del mismo apoyo institucional en momento tan solemne.

* Este articulo apareció en la edición impresa del Martes, 22 de septiembre de 2009