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miércoles, 2 de septiembre de 2009
Los problemas de Ciutat Vella

"No podemos ser la ciudad del sexo"

Trias ofrece ayuda a Hereu para hacer cumplir la ordenanza cívica, mientras el PP pide más policía, ICV rechaza las multas y ERC exige cambios

"Barcelona no puede ser la ciudad del sexo". Xavier Trias, líder del grupo municipal de CiU en el Ayuntamiento de Barcelona, lo dijo ayer en un tono alto para alguien que ha hecho de la calma un distintivo. Trias se confesó impresionado por las fotografías publicadas ayer por EL PAÍS. "Esto es una catástrofe", admitió. Una expresión idéntica a la empleada por el dirigente del PP, Alberto Fernández. Pero más allá de esta coincidencia en la condena de los hechos y de "quienes los permiten" CiU y PP pusieron en evidencia sus discrepancias en esta materia. Trias se ofreció a Hereu para "resolver el problema" y aplicar la ordenanza o reformarla, si lo prefiere. Fernández, en cambio, sostuvo que la responsabilidad de lo que ocurre es tanto del alcalde, Jordi Hereu, como de Trias, ya que CiU votó la ordenanza cívica vigente.

"Hemos dicho muchas veces a Hereu que la ciudad no se para en verano, la plantilla de la Guardia Urbana no puede reducirse en estos meses al 40%. Los propios guardias nos dicen que no pueden resolver la situación", afirmó Trias. El responsable, añadió, es el equipo de gobierno en general y el alcalde, en particular, que "está despistado y mira hacia otra parte. Parece que le dé vergüenza aplicar las normas cívicas. No muestra voluntad y debe hacerlo, porque Barcelona no puede dar esta imagen al mundo. No podemos ser la ciudad del sexo".

Fernández también cree que escasea la Guardia Urbana, pero no sólo en verano, sino todo el año. Faltan, dijo, unos 1.000 agentes. Y la plantilla de Mossos d'Esquadra debe ser ampliada. Fernández recordó que Joan Clos, cuando era alcalde, cifró las necesidades de Mossos en Barcelona en 4.000 agentes. Hay unos 2.500 mossos y están "mal dirigidos". En 2008, dijo, pusieron sólo "13 denuncias". Está convencido de que tienen órdenes de ser pasivos ante las infracciones. En su opinión falta "mano dura" y sobran complejos para hacer imponer las normas.

El Ayuntamiento de Barcelona sigue sin hacer públicas las denuncias de 2008. Los últimos datos son de 2007, cuando se impusieron unas 3.000, es decir, unas ocho multas diarias.

Jordi Portabella (ERC) defendió la oportunidad de reformar, para endurecer, algunos aspectos de la ordenanza y evitar que siga la degradación del espacio público. El dirigente republicano aprovechó para arremeter contra ICV y exigir a los ecosocialistas que dejen de rechazar la ordenanza. Ya antes, Trias había sostenido que la presencia en el equipo de gobierno de un socio que rechaza la normativa es uno de los motivos de la tibieza con que se aplica. ICV, desde luego, no piensa modificar su actitud. Ricard Gomà, líder del grupo municipal ecosocialista en Barcelona, está convencido de que hay que actuar a largo plazo y en varios frentes. Lo primero es "regular la prostitución". Ahora, señaló, "no es legal ni está regulada, lo que genera un espacio de impunidad y multiplica la vulnerabilidad de las mujeres explotadas".

La explotación se produce a través de redes organizadas que "no pueden ser combatidas con la ordenanza, debe hacerse desde el Código Penal". Y eso sin dejar atrás la atención social a las prostitutas y la defensa de sus derechos humanos pisoteados. La "solución no son ni las multas ni las prohibiciones"; lo que hay que hacer para evitar lo que ocurre en el Raval es "dignificar el espacio público como se está haciendo en la Boqueria".

Los socialistas sostienen que la acción del gobierno municipal es la adecuada. "Aplicamos la ordenanza con rigor", explicó un portavoz municipal. El problema es que las competencias municipales son escasas. La policía local puede realizar labores disuasorias, pero cuando detiene a las prostitutas debe ponerlas a disposición de la Subdelegación del Gobierno central, que es la Administración competente en inmigración, porque en muchos casos se trata de mujeres reincidentes y que se hallan en situación irregular. El Consistorio no puede, recordó, iniciar el proceso de expulsión.

Sin soluciones

- PSC: defiende que el Ayuntamiento aplica la ordenanza con rigor dentro de sus competencias y que es la Subdelegación del Gobierno central, que tiene las de inmigración, la que debe actuar sobre prostitutas que se hallan en situación irregular para iniciar el proceso de expulsión.

- ICV-EUiA: sostiene que hay que regular la prostitución y perseguir las redes de explotación con el Código Penal. La solución no es multar, sino dignificar el espacio público.

- CiU: mantiene que la ordenanza sirve, pero que no se está aplicando porque el gobierno municipal no cree en ella. Critica que en verano la ciudad tenga menos del 40% de la plantilla de la Guardia Urbana en activo. - PP: tilda de fracaso la ordenanza, que considera demasiado confusa y difícil de aplicar. Critica que falten 1.000 guardias urbanos y que los Mossos sólo tengan desplegados 2.500 agentes en la ciudad, en lugar de los 4.000 prometidos.

- ERC: propone un gran pacto político entre todos los grupos municipales que no descarte revisar la ordenanza de civismo para acabar con la degradación del espacio público

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